“Cuando las comunidades indígenas luchan por sus espacios territoriales no están peleando sólo por un pedazo de tierra dónde sembrar o colocar una casa para vivir con sus familia. Están defendiendo, sobre todo su derecho a ser”, puntualizó.
Al presentar una iniciativa de reformas a los Artículos 2 y 27 de la Constitución Mexicana, en materia del derecho al territorio de pueblos y comunidades indígenas, señaló que el objetivo es echar para atrás los cambios constitucionales que se hicieron en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, para beneficiar a los consorcios.
El integrante del Grupo Parlamentario de Morena explicó que el despojo a los pueblos indígenas se intensificó a partir del 6 de enero de 1992, cuando se consumó una de las más graves agresiones contra la integridad de sus territorios. “Ese día se hizo pública la reforma al Artículo 27 constitucional, maquinada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, por la cual se autorizaba la adquisición del dominio pleno de parcelas en tierras ejidales a mano de intereses privados”.
Ante el pleno camaral, aseveró que bajo el engañoso argumento de modernizar el campo mexicano, el Gobierno Federal ha permitido durante varios años la privatización del ejido, dejando los territorios indígenas a disposición del mejor postor.
“Basta ya de ser ciegos y sordos al despojo histórico que han sufrido por siglos los pueblos indígenas. ¿Es que no son capaces de reconocer cómo día tras día aumenta el control de grandes intereses económicos sobre los vastos recursos naturales que yacen bajo el suelo de sus territorios?”, reclamó.
El legislador chiapaneco destacó que una prueba de ello es la ambición desbordada de las empresas mineras, que en los últimos 20 años han logrado extraer más oro de México que en los 400 años anteriores, devastando la diversidad natural que las comunidades indígenas han protegido durante siglos.
“Ejemplos sobran: el derrame de tóxicos en el río Sonora, del que es responsable Grupo México, que causó graves afectaciones al territorio yaqui. O la destrucción masiva de territorios nahuas y totonacos a causa de la actividad de mineras canadienses comoAlmaden Minerals a lo largo de la Sierra Norte de Puebla. O los daños ecológicos sufridos por comunidades zapotecas de Oaxaca, como consecuencia de la entrega de concesiones de explotación de la también canadiense Linear Gold Corporation”, puntualizó.
Santiago Rodríguez hizo un llamado a los diputados y Gobierno Federal a frenar este despojo, que amenaza la riqueza biológica y cultural de México, mediante reformas que permitan a las comunidades indígenas administrar, con base en sus propias formas de organización, los territorios que legítimamente les pertenecen.
El también integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas destacó que hoy, como en el pasado, los pueblos ancestrales de todo México continúan denunciando el despojo de sus tierras y cómo las autoridades procuradoras de justicia les impiden el acceso pleno a sus territorios, en beneficio de las grandes empresas.
