La diputada de Morena, quien denunció el hecho en agosto del año pasado, subrayó que la recomendación del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), a la SCT, se queda corta ante la gravedad del tema, ya que se trata de datos personales de más de 11 millones de personas, de los cuales no se tiene la certeza de que hayan sido destruidos o si se mantienen en manos de una empresa privada.
Asimismo hizo un llamado al Inai, a fin de aplicar a los funcionarios federales las sanciones correspondientes, tras haber incurrido en diversas conductas que constituyen infracciones referidas en el Artículo 63, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Recordó que en la licitación pública nacional electrónica No. LA-009000987-N35-2015, firmada entre la SCT y la empresa Código Empresarial, S.A de C.V, se estipulaba que ésta debería implementar mecanismos para recabar la información de los beneficiarios, misma que estaría bajo su resguardo hasta concluir la entrega de los equipos digitales, y después la información debería ser entregada a las dependencias del gobierno federal para su destrucción.
“Solicitamos a las secretaria de Desarrollo Social y la de Comunicaciones y Transportes, nos informe si la empresa ya entregó la totalidad de los datos biométricos que recabo durante 2015”, sostuvo Godoy Ramos.
En caso de que la información haya sido eliminada, la Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, exigió al gobierno federal exhibir públicamente el protocolo a través del que fue destruida la información de millones de ciudadanos.
Finalmente, dijo que con la reciente recomendación del Inai sólo se confirman los hechos que denunciamos el año pasado, sin embargo no vemos sanciones ejemplares en contra no sólo de quienes firmaron esa licitación, sino de quienes ordenaron “fichar” a los que menos tienen.
