La Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena además solicita que la PGR investigue delitos que hubieran cometido dos empresas en la concesión de un libramiento carretero.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está obligada a dar respuesta a todos los procedimientos administrativos y recomendaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de que hace dos años incurrió en irregularidades en la asignación de títulos de concesión en la red carretera y autopistas de cuota de todo el país.
Ello se desprende de un Punto de Acuerdo de la diputada Rocío Nahle García, para que la Cámara de Diputados también exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que dé a conocer los ingresos de la red de autopistas bajo la administración de Banobras.
Además solicita a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue los delitos de orden federal que pudiera haber cometido el consorcio Invex Infraestructura, de manera conjunta con la Constructora GIA+A, en la concesión del libramiento de Ciudad Obregón.
La líder de Morena resalta que entre los títulos de concesión se presume de irregularidades en los tramos Atizapán-Atlacomulco, otorgado a OHL México; Cardel-Poza Rica y Tuxpan, a Mota Egil México y el libramiento cedido a Invex Infraestructura y la Constructora GIA+A.
Asimismo, subraya que la SCT incurre en anomalías al establecer porcentajes para la contraprestación de servicios, por medio de concurso público de cinco concesiones, sin tener previa autorización de la SHCP.
En su documento, la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena señala que la red carretera cuenta con aproximadamente 379 mil kilómetros, integrados por autopistas, carreteras, caminos rurales y brechas, que permiten la conectividad en todo el territorio nacional. En algunos tramos carreteros es necesario cubrir un peaje por circular, mientras que en otros no.
“Sin embargo, durante 2014 la SCT incurrió en irregularidades en el otorgamiento y prórrogas de títulos de concesión de vialidades a diversas empresas y consorcios, por las cuales la ASF emitió siete recomendaciones y promovió 12 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria”.
García Nahle también precisa que la ASF detectó que los concesionarios de 25 caminos y puentes federales incumplieron con el puntaje mínimo de evaluación del estado físico de éstos, y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no los sancionó.
La legisladora de Morena destaca que algunas concesiones carreteras fueron otorgadas sin que hubiera existido licitación, con plazos de concesión mayores a los máximos establecidos en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Rocío Nahle da a conocer que en algunos tramos carreteros en Veracruz se cobra al usuario un kilometraje mayor al establecido por la SCT en los títulos concesionarios, mientras que en otras autopistas del país se realiza un pago menor de contraprestación anual a la SCHP, a los ingresos realmente captados.
“Resulta dramático que durante 2000-2013 exista una diferencia de un mil 254 millones 347 mil pesos en los ingresos de la red de autopistas administradas por Banobras y operadas por Caminos y Puentes Federales”. Ese monto, se indica en el Punto de Acuerdo, debió ingresarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ese periodo
