Pero ante la opinión pública nacional están vencidos, pues a sus ojos ha quedado claro que los expertos de la CIDH son un fraude.
Y lo son porque por un lado los “expertos” carecen de la probidad que su delicada misión exigía y, por otro, a cambio del millón 250 mil dólares de los contribuyentes mexicanos -que ya se han embolsado- no han entregado nada.
En octubre de 2014 el gobierno mexicano pidió a la CIDH ayuda urgente para localizar a los 43 desaparecidos. La ayuda tardó cinco meses en llegar, pero no era tal. La CIDH y sus expertos han interpretado que el acuerdo de asistencia técnica signado con el gobierno en realidad erauna inquisición a la PGR.
En nada han contribuido a terminar de esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en lo fundamental ya esclarecidos por la PGR. En lugar de ayudar buscaron destruir la investigación basada en evidencias del Ministerio Público Federal, calumniar al Ejército y promover la impunidad de los asesinos ya detenidos, además de encubrir a quienes llevaron a los normalistas directamente al matadero.
Ahora amagan al gobierno: o nos das apoyo incondicional y callas a nuestros críticos o nos vamos y te acusamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿A quién quieren engañar? Desde el principio ese ha sido su objetivo, llegar a la Corte, porque ahí está el lucro, sobre todo económico. Dos millones de dólares es poco en comparación con lo que se puede obtener ahí por “indemnizaciones”, pues el “sistema interamericano de derechos humanos” ha devenido en negocio de extorsión de ONGs, abogados, “defensores” de derechos humanos y falsas víctimas,en contra de los Estados y sobre todo de los contribuyentes.
Además está el lucro político. Emilio Álvarez Icaza usa todo esto para su aspiración presidencial en 2018, sean cual sean sus posibilidades.
¿Qué hacer? Ya lo dijo Virgilio: nunca cedas ante el mal, sino combátelo con mayor audacia.
