A un día de que se venza el plazo para que el juez asignado decida si procede o no la orden de aprehensión solicitada por Santiago Nieto Castillo, titular de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en contra del líder del PVEM Arturo Escobar, el caso advierte un descalabro contra los opositores del Verde.
De entrada para el sonorense Manlio Fabio Beltrones, presidente del CEN del PRI, no existen elementos para considerar que Escobar vaya a ser encarcelado y mucho menos para que este incidente pudiera afectar la alianza PRI-PVEM ni en las elecciones de 2016 ni en las que siguen.
Luego de desvelarse periodísticamente por El Universal que Santiago Nieto Castillo fue asesor durante año y medio del coordinador de los senadores del PRD, del poblano Miguel Barbosa y que ocultó intencionadamente este hecho durante el proceso legislativo que lo llevó a la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el fiscal ha quedado de hecho inhabilitado para continuar en el cargo.
Esto ha sido señalado por académicos e intelectuales y por la cúpula de PRI y PVEM que han expresado su intención de iniciar un procedimiento ante el Senado para que sea separado de sus funciones.
El caso cobra mayor relevancia porque Santiago Nieto Castillo también participó en la selección de Consejeros al INE durante 2014, y en la documentación entregada por él en San Lázaro tampoco figura el dato de que fue asesor del PRD en el Senado.
El hecho de que en su defensa hayan salido las dirigencias del PRD y en especial Miguel Barbosa no abona a su credibilidad y a la necesaria confianza en su imparcialidad.
El simple hecho de que lo defiendan sus expatrones lo compromete más. En su defensa no han salido ninguno de los magistrados de la judicatura o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y el caso es más comprometido cuando él mismo ha intentado, a través de un comunicado (ni siquiera intentó dar una respuesta de cara a los ciudadanos), dar una explicación muy mañosa en la que intenta vernos la cara de tontos a todos los mexicanos.
En su comunicado Santiago Nieto rechazó que exista conflicto de interés en su designación como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Fepade, porque –afirmó-, cumplió con los requisitos legales y adicionales emitidos por la convocatoria. E intenta derivar su responsabilidad a quienes lo designaron al señalar que el proceso en que fue elegido “fue transparente y revisado por los senadores de todas las fuerzas políticas”.
Sin embargo no dice en ese comunicado por qué no informó que había sido asesor de la fracción del PRD en el Senado.
E, su intento por eludir su responsabilidad, dice que él fue contratado por el Senado como investigador miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Sin embargo el registro de su contratación indica que quien lo reclutó fue Miguel Barbosa para ser su asesor político dentro de la fracción del PRD, y los recibos de honorarios por 60 mil pesos mensuales los firmaba él a su nombre y no el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Es decir, Santiago Nieto Castillo insiste en pretender que creamos su engaño y omisión intencional al no dar a conocer que estaba involucrado con un partido político y que era inelegible para ser titular de la Fepade.
Además, al pretender engañarnos, olvida que quién debe calificar el conflicto de interés es un tercero… no el acusado de cometerlo.
Y es obvio que una asesoría conlleva por fuerza la simpatía y empatía con el contratante y su proyecto político y posición ideológica… no se puede asesorar a alguien con quien no se coincide… y eso crea vínculos y dependencias…
Un elemento esencial en su encargo es la imparcialidad. Perseguir delitos electorales exige tener el respeto de las fuerzas políticas a las que se vigila y sanciona.
Hoy no vale que Santiago Nieto diga que no consideró importante informar de su relación con los perredistas. Ya se sabe que lo omitió en el proceso para ser titular de la Fepade y en el proceso en que intentó ser elegido como uno de los consejeros del INE. Es un tramposo. Simplemente ha quedado inhabilitado para seguir ahí.
Y eso no tiene nada que ver con su querella contra Arturo Escobar y el PVEM. Eso correrá por la vía judicial y lo resolverán otros.
NO ES CASO JUZGADO
Y como el caso contra Escobar está ahora en otra cancha, sus aliados confían en que no existan elementos para que sea encarcelado.
No al menos para Beltrones quien, contundente, afirma:
“El caso Escobar no es cosa juzgada… los prejuicios son los que hacen daño, dejemos que la justicia haga su trabajo.
“Por lo pronto, lo que hemos visto es una mala intención, filtrando una información y queriendo prejuzgar su culpabilidad.
“En el país nosotros hicimos una modificación legal para poder mediante la Constitución, llevar a cabo la presunción de inocencia, la de todos.
“Que nadie violente la Constitución, todos son presuntos inocentes, no culpables”, subrayó.
– ¿Entonces sigue la alianza del PRI con el Partido Verde?
“¡Claro!… nosotros estamos más que decididos a seguir aliados con quienes hemos podido hacer equipo y nos garantizan triunfos”.
– ¿Y el Fiscal Electoral… deberá renunciar?
“Es un asunto que tendrá que resolverse en cuanto tengamos también una resolución del juez que conoce de la causa; si ahí mismo se identifica que no había méritos suficientes como para interponer una denuncia… entonces habrá que sacar conclusiones.
“Lo que sí es inexplicable es que se haya ocultado información al Senado, para en su momento tener una votación. Creo que eso no habla de buena fe”, indicó.
CONFLICTO DE INTERÉS
El conflicto de interés quedó evidenciado en contra de Santiago Nieto Castillo luego de que se revelara que no incluyó en su curriculum su participación como asesor del PRD en el Senado.
Ajenos al engaño, los senadores de la Comisión de Justicia que presidía el panista Roberto Gil Zuarth y en que participaron legisladores de todos los partidos lo eligieron como titular de la Fepade.
Apenas 5 días antes de ser designado, Nieto Castillo dio por concluido su contrato con el PRD.
Quien sí sabía de esa dependencia económica y laboral, quizá ideológica y partidaria, era el senador Poblano Miguel Barbosa, quien también le ocultó ese hecho a sus compañeros senadores.
Barbosa era entonces presidente del Senado.
Nieto Castillo pidió el miércoles 25 de noviembre a un juez dictar orden de aprehensión contra Arturo Escobar por el reparto de tarjetas Premia Platino en la pasada campaña electoral. El caso se deriva de una denuncia interpuesta por PAN y PRD. Los dos partidos han intentado desde hace al menos año y medio inducir la anulación del registro del PVEM. El PVEM, con sus 47 diputados, es el que le da la mayoría legislativa al PRI y al Gobierno de Enrique Peña Nieto en la Cámara de Diputados. El Verde es la cuarta fuerza política nacional, por sobre Morena de Andrés Manuel López Obrador.
Escobar renunció de inmediato a la subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.
Mañana vence el plazo para que el juez de la instrucción decida si da curso o no a la orden de aprehensión contra Escobar.
