Decidido a recuperar la credibilidad y la confianza perdidas, el presidente Enrique Peña Nieto le cierra los espacios a sus críticos y opositores, al colocarse al frente de todas las acciones que convergen en el caso de los normalistas de Ayotzinapa a días de que se cumpla el primer aniversario de su acontecimiento.
Ayer avanzó en al menos 4 frentes para disminuir el impacto de descalificación social y política en que se convirtió el asunto de los 43 normalistas durante los últimos 11 meses y medio, hasta ser la peor de sus pesadillas.
Así ayer se informó que negoció la visita a México para fines de este mes del Consejo Directivo en pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, liderado por el mexicano José Álvarez Icaza, considerado por todos como un peligroso opositor resentido de Peña Nieto, luego de que no conseguó el apoyo del mexiquense para alcanzar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Ayer también, instruyó a su fracción en la Cámara de Diputados, la del PRI, a que se sumara sin mayores pretextos a las demás bancadas para declarar el 26 de septiembre de cada año, de hoy en adelante, como “El Día Nacional Contra la Desaparición Forzada de Personas”. Con ello desactivó un embate legislativo y mediático que pretendía exhibir a los priístas, y a su Gobierno, como contrario a la defensa de los derechos humanos en el combate contra la desaparición forzada.
Un golpe esencial en todo este escenario, fue el anuncio de la captura en Taxco, vivo y sin violencia, de Gildardo López Astudillo, quien era jefe de la plaza en Iguala y Cocula del cartel Guerreros Unidos, y quien según todos sus cómplices y su jefe inmediato, Sidronio Casarrubias Salgado, fue quien dio la orden directa para la detención, secuestro, ejecución, incineración en el basurero de Cocula y desaparición de los restos de los 43 normalistas en el río Cocula.
Y para concluir todo este accionar el gobierno de Peña Nieto se colocó al frente en la difusión de los resultados de los científicos de la Universidad de Innsbruck, Austria, quienes identificaron los restos de un segundo normalistas, los de Jhosivani Guerrero de la Cruz, dentro de las muestras recabadas en el basurero de Cocula.
Este acontecimiento dado a conocer apenas 9 días antes del primer aniversario de los hechos de Iguala, revierte en buena medida las conclusiones de los expertos de la CIDH y confirma que los normalistas sí fueron incinerados en el basurero de Cocula, como habían concluido las investigaciones de la PGR bajo la titularidad del hidalguense Jesús Murillo Karam.
A todo lo anterior se suma la determinación de Peña Nieto de ordenar a la procuradora General de la República, Arely Gómez, de sumar al grupo de investigación de la PGR, a los 5 miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, y a los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense que fue llamado por los padres de los normalistas, a fin de que integren un solo grupo.
Ellos no sólo decidirán y seguirán nuevas líneas de investigación, sino que participarán en la revisión y selección de más de 63 mil fragmentos óseos que fueron recolectados del río San Juan y del basurero de Cocula.
Ellos decidirán –siempre en contacto con los padres de familia-, cuáles serían los “fragmentos viables” para la identificación de más víctimas dentro de los laboratorios de la Universidad de Innsbruck.
En los días previos, la oficina de Peña Nieto informó que el mandatario se reuniría el jueves 24 de septiembre, a apenas 2 días del primer aniversario del acontecimiento de Iguala, con los padres de los normalistas, en un encuentro en que estarán presentes además los 5 integrantes del Grupo de Expertos de la CIDH y los investigadores forenses de Argentina.
Con todas estas acciones, y frente al hecho de que además la PGR ha logrado ya la captura y encarcelamiento de 111 involucrados en el secuestro, ejecución, incineración y desaparición de los 43 normalistas, el encuentro de Peña Nieto con los padres de los normalistas entra en un espacio no de absoluta distención, pero sí dentro de un ambiente de civilidad suficiente para llegar a acuerdos.
La ofensiva encabezada por Peña Nieto y su gobierno en este caso, ha logrado terminar con las protestas y marchas de las calles del país y ha bajado sustancialmente el tráfico de descalificación en las redes sociales.
De lo menos que se puede hablar hoy es de impunidad en este caso.
En todo ello ha sido esencial las declaraciones de los científicos de Innsbruk, quienes primero identificaron los restos del estudiante Alexander Mora Venancio y ahora los de Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Los científicos explicaron que la identificación se realizó bajo un novedoso procedimiento con una tecnología que logra identificar el ADN a partir de restos muy dañados.
Y, como en una lotería macrabra, en 9 de 16 muestras los científicos austriacos lograron identificar material ADN mitocondrial humano específico y en una de ellas la de Guerrero de la Cruz.
“Una muestra coincidió plenamente con los restos del estudiante identificado anteriormente (Mora Venancio), y la otra muestra coincidió con el ADN de la familia de otro estudiante mexicano desaparecido (Guerrero de la Cruz)”, indicó la Universidad de Innsbruck.
INSISTEN
Pese a todo lo anterior, el coordinador de los senadores del PAN, el aguascalentense Fernando Herrera insistió ayer en que su fracción y partido buscarán la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, que se encargue de esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Insistió en que esta comisión es necesaria frente a la crisis de credibilidad que afecta al Gobierno.
Dejó en claro que su partido no está satisfecho con los resultados de las investigaciones realizadas por la PGR y que perciben que la sociedad mexicana lo está menos.
“Si no hay confianza en la autoridad, tiene que venir alguien a ayudar de manera decidida para que las cosas se esclarezcan”, señaló.
EL PRI DEFIENDE A INDEPENDIENTES
El nuevo presidente del PRI, el sonorense Manlio Fabio Beltrones interpuso ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una Acción de Inconstitucionalidad en contra de las reformas al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, aprobadas y publicadas el 22 de agosto del año en curso.
Esta Acción de Inconstitucionalidad, dijo, busca declarar la inaplicación de los llamados candados impuestos en esa entidad, que pretende limitar las candidaturas de independientes dentro de los procesos electorales.
Tal como lo establece el Artículo 105 Constitucional, Beltrones firmó el documento presentado ante la SCJN, que tiene el único fin de proteger las candidaturas independientes.
El sonorense confió en que la Suprema Corte de entrada a su alegato y pueda echar abajo, por inconstitucional, esa medida que se tomó por el Congreso de Puebla, en contra de las candidaturas independientes, por cierto, en contra de la oposición de los diputados del PRI.
“Los candidatos independientes llegaron para quedarse. Es una propuesta mía desde el 2010 y la voté en 2014, y la hago mía para siempre. Los candidatos independientes, las candidaturas independientes, son y deberán ser un acicate para que los partidos políticos mejoren su presencia y sobre todo su identificación con las fuerzas ciudadanas”, señaló Beltrones.
El alegato jurídico presentado por el presidente Beltrones, fue entregado por la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de Puebla, licenciada Ana Isabel Allende Cano.
