El derecho a la información es un derecho humano que el Estado mexicano debe garantizar en forma plena, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1º. y 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalaron los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional en San Lázaro.
La conducta de acoso del director del Canal 22, de conformidad con los miembros del equipo noticioso que han firmado diferentes cartas públicas, se agudizó luego de las restricciones que se impusieron para informar, en la televisión pública de México, sobre el despido de la periodista Carmen Aristegui, quien como es de conocimiento público fue separada injustamente del noticiero que encabezaba en “Noticias MVS” tras la difusión del tema de la “Casa Blanca” de las Lomas de Chapultepec.
A la fecha varios colaboradores de Canal 22 han sido despedidos, alegándose una supuesta restricción presupuestal, cuando en verdad se ha tratado, como lo exponen los propios ex trabajadores de dicho canal, de actos represivos ejercidos por la dirección de Canal 22.
Por lo anterior, el grupo parlamentario de MORENA estará solicitando –en el marco de las primeras sesiones de la LXIII Legislatura–, se informe pública y puntualmente de la situación de los empleados del Canal 22.
Como grupo parlamentario, MORENA no puede dejar de dar voz a un caso como el de periodistas, conductores o reporteros que han visto afectada su esfera laboral como trabajadores de la televisión pública, violentándose su ejercicio a la libertad de expresión prevista en el marco legal y constitucional.
Un caso especial es el del director del programa Noticias 22, Juan Jacinto Silva Ibarra, a quien se le mantiene en el limbo jurídico en materia laboral, pues no se le ha despedido pero se le retiró de la conducción del programa, al mismo tiempo que se le ha dejado de pagar su salario, como se ha denunciado, lo cual es absolutamente ilegal.
Ello es muestra de lo que sucede en dicho canal. Ciertamente, la injusticia se ha manifestado ya en los trabajadores que ya fueron despedidos, quienes si fueron removidos fuera del marco legal, deben ser reinstalados en sus trabajos.
MORENA se solidariza con todos y cada uno de los ex trabajadores y con los actuales colaboradores de Canal 22, quienes padecen un mal ejercicio en la función pública del canal, el cual debiera estar caracterizado, en términos informativos, por ser un espacio en donde prive el ejercicio profesional, objetivo e imparcial sobre los distintos tópicos de información que se abordan en la televisión pública.
Se equivocan quienes consideran que la televisión pública debe estar al servicio del gobierno o de grupos de interés, ya sea para favorecerlos o bien censurando el ejercicio de la libertad de expresión.
Exigimos al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Secretaría de Gobernación (Segob) que adopten medidas cautelares para garantizar el derecho de las audiencias, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigue las violaciones de los Derechos Humanos de los comunicadores afectados.
