Por ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede ni debe echarse para atrás y, por el contrario, debe investigar a fondo la procedencia de esos recursos y aplicar, en consecuencia, la ley, añadió.
En esos términos se expresaron Miguel Alonso Raya, coordinador del GPPRD, y sus correligionarios José Antonio León Mendívil, Lizbeth Rosas Montero, Gloria Bautista Cuevas, Amalia García Medina, Fernando Belaunzarán Méndez, Lourdes Anaya Reyes y Graciela Saldaña Fraire, quienes también pidieron al Congreso de la Unión no ignorar esta situación y sumarse a su petición al INE.
Mediante una propuesta de punto de acuerdo que presentarán ante la Comisión Permanente del Congreso, los legisladores federales perredistas argumentaron que lo ilícito de la campaña electoral, por ejemplo, del PVEM, está más que demostrado, pues a pesar de que el tope de su financiamiento (444 millones 700 mil pesos) ya fue rebasado por el costo real de la campaña y las multas impuestas a ese partido, continúa con dicha campaña, en un abierto e inaceptable desafío a la autoridad.
El reto a las instituciones es cuanto más ominoso si se considera que a, 11 días de los comicios y con base en experiencias pasadas, las campañas se precipitan a su conclusión y es cuando más dinero ilícito, tanto público como privado, se canaliza a la compra y coacción del voto.
“Es una etapa en la que el PVEM y el PRI se preparan para imponer su voluntad al electorado, mediante la operación de una estructura de promoción del voto compartida que reproducirá de manera escandalosa las condiciones de inequidad en el presente proceso electoral a una condición de irreparable deterioro de la legitimidad del proceso electoral”, alertaron.
Más aún, advirtieron que el ninguneo del PVEM a las resoluciones de autoridades e instituciones que le ordenan suspender su ilegal campaña no sólo es ominoso, sino sobre todo peligroso, pues se suma al clima de violencia e inseguridad en varias entidades del país, lo que en suma pone en riesgo la gobernabilidad.
Ante esta situación, reiteraron su reclamo al INE para restablecer a la brevedad la confianza y credibilidad en el actual proceso electoral, para lo cual debe fiscalizar a fondo y con exhaustividad la procedencia de los recursos utilizados por el PVEM.
Es de la mayor importancia que el INE –insistieron los parlamentarios de izquierda- redoble sus esfuerzos de fiscalización con estricto apego a sus facultades constitucionales y legales, pues ya resulta inconcebible la contumacia del PVEM ante las multas que se le han impuesto por su ilegal actuación, incluso desde antes de iniciar el actual proceso electoral.
