A través de un punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente, también solicita a la FEPADE un informe de los resultados del Programa de Blindaje Electoral 2015; la totalidad de convenios firmados y sus alcances, y de las conclusiones de la estrategia de prevención e inhibición de conductas delictivas mediante mensajes institucionales utilizados en medios masivos de comunicación y dirigidos a la sociedad.
De igual modo, le pidió conocer los resultados del despliegue ministerial que realiza, del plan de atención y a la infraestructura humana y técnica prevista para la atención ciudadana de denuncias por los sistemas Fepadetel y Fepadenet, durante la jornada electoral y los días siguientes a su desarrollo.
Rosas Montero expuso que, hasta la fecha, se desconoce cuántos de los 36 agentes del Ministerio Público Especializado con que cuenta la FEPADE han sido asignados y a qué entidades.
“Esta omisión es preocupante, ya que un informe de la Fiscalía del primer trimestre del año revela que hay un rezago de 4 mil 348 averiguaciones previas, cifra casi similar a la que se tenía al inicio de la actual administración federal que encontró 4 mil 494 indagatorias en trámite”, detalló.
Además, en marzo se iniciaron 149 averiguaciones previas y se determinaron 146, con una productividad promedio de los agentes del Ministerio Público de la Federación de 4.1 expedientes mensuales.
La diputada Lizbeth Rosas argumentó que, entre enero y marzo, el sistema de atención ciudadana Fepadetel recibió 46 denuncias y el Fepadenet sólo 16 más. En total, los dos sistemas recibieron 62 denuncias en el primer trimestre de 2015, lo que significa un promedio de 20 por mes o bien uno por cada día hábil.
Por ello, resaltó la necesidad de que la FEPADE explique cómo se preparó y se encuentra organizado el trabajo que, junto con otras entidades más, velará por el desarrollo democrático de la contienda, toda vez que “es de especial atención el uso de los recursos públicos para beneficio de candidatos y de partidos políticos”.
En el documento, que se remitió a la Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Permanente, la legisladora consideró fundamental fortalecer a la Fiscalía, ya que el actual diagnóstico “permite ver a una institución investigadora débil, tardía e incapaz de proponer sanciones contra funcionarios públicos”.
Recordó que se está ante un proceso que servirá para elegir a 500 diputados federales y los cargos públicos de 17 entidades federativas, en los cuales se votará por gobernador en 9 de ellas; de ahí, dijo, la necesidad de asegurar la atención oportuna de los hechos que pudieran ser objeto de denuncia por la ciudadanía.
“Se requiere contar con los recursos humanos y técnicos necesarios para dar clara y pronta respuesta”, abundó.
