La Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión promulgada en junio de 2013, incorporó al catálogo de derechos fundamentales, acogidos por la Constitución, el de conectividad, estableciendo como contraparte la procuración del Estado para garantizar la satisfacción del mismo.
En otras palabras, la conectividad es desde entonces un servicio básico para los mexicanos.
En franco contraste con esta consideración, impera el actual y persistente tratamiento fiscal que grava a los diversos servicios de telecomunicaciones como servicios de lujo materializado en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que agrega un gravamen de 3 puntos porcentuales al consumo ya tasado por el IVA.
Sorprende entonces el hecho de que un derecho fundamental como la conectividad no puede, ni debe ser al mismo tiempo, considerado como un servicio de lujo.
Este gravamen, que nace de una desesperación fiscal, y que no constituye una verdadera política fiscal para el sector, resulta hoy incompatible con el carácter público y vulnera la esfera de protección y garantía del derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Resulta incluso en un caso de inconstitucionalidad fiscal al gravar como de lujo un servicio que la Constitución consigna como servicio básico para la población mexicana.
Incluso, al ser transferido el IEPS al consumidor como sucede con los impuestos al consumo, resulta en un impuesto regresivo que lastima más al poder adquisitivo de los consumidores de la base de la pirámide social. Más aún, con la experiencia de interdependencia entre el acceso a las telecomunicaciones con otros derechos y libertades, como el de acceso a la información, a la educación y la libertad de expresión, estos son igualmente menoscabados bajo este contradictorio gravamen.
Los Números de la Recaudación
Es un hecho que las obras de infraestructura económica y social requieren importantes flujos de capital para su financiamiento. Al respecto, el sector de las telecomunicaciones es de plena formalidad e importante contribuyente en los múltiples peldaños de su escalera fiscal (derechos por licitar, importar, al ingreso, IMSS, INFONAVIT, IVA, por mencionar sólo algunos de los más de 30 impuestos que le aplican).
Pero la elevación de tasas, más que elevar la recaudación, desincentiva la adquisición de estos servicios.
La información sobre el Estado de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública emitida por la SCHP revela que la recaudación del IEPS en telecomunicaciones no ha alcanzado los niveles previstos por la Ley de Ingresos de la Federación desde su introducción en 2010. Incluso, la suma de este rubro es cada vez menor. La contribución documentada en su partida escasamente alcanza 0.3% del total recaudado en 2014.
En razón de lo anterior, no sólo debemos corregir las contradicciones en la legislación tributaria que lesionan este importante derecho fundamental, y que además aumentan la brecha digital e impiden la propagación de los efectos multiplicadores de las telecomunicaciones sobre la economía mexicana. Sino que también debemos concentrar esfuerzos intelectuales en la construcción de una adecuada política fiscal que promueva el desarrollo de las telecomunicaciones y las TIC.
Es tiempo ya de avanzar con la requerida eliminación del IEPS, para así asegurar una política fiscal eficiente, que alcance la suficiente aportación a las finanzas públicas, convirtiéndose en el instrumento de impulso al crecimiento económico y promoción del bienestar social.
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