Entre los puntos a discutir se encuentran las reformas a los artículos 25, 73, 79, 108, 116, 117 de la Constitución, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, indicó.
Se pretende la intervención del Congreso de la Unión, a través de una Comisión Bicamaral, para analizar la situación de los estados que tengan una posición elevada de endeudamiento y requieran la garantía federal para contratar empréstitos, y a su vez emitir la opinión que estimen correspondiente con respecto a un plan de ajuste planteado por un estado de la Unión al gobierno federal.
Dicha comisión emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de 15 días hábiles, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión, sostuvo el líder parlamentario en un comunicado de prensa.
Dijo que se busca que el Estado vele por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, a fin de coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, para lo cual, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.
Otro de los pendientes, que aún se discute en el Senado de la República, es el decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución Política, añadió.
Propone establecer el Mando Único Policial Estatal, facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que permitan homologar criterios y procedimientos de la federación con los estados en materia de seguridad pública; así como determinar nuevos tipos penales y que la federación pueda conocer de delitos locales y las autoridades locales de delitos federales.
Asimismo, plantea la posibilidad de que la federación asuma total o parcialmente las funciones municipales, cuando éstas se encuentren infiltradas por el crimen organizado.
Sobre esta última propuesta, Alonso Raya reafirmó que su fracción está en la mejor disposición de discutir cambios legales que permitan mejorar el combate contra la inseguridad, pero insistió que en que se debe respetar la autonomía municipal y que es necesario rediseñar las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia.
Un punto más que quedó descartado al cierre del periodo, porque no se alcanzó el consenso necesario, es la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción.
El perredista comentó que “la reciente exoneración de Raúl Salinas de Gortari, que le provocó un daño patrimonial al erario público federal por más de un billón 631 mil 352 millones de pesos; los escándalos de la Casa Blanca y la red de interés construida entre la actual administración federal y el Grupo Higa; son una burla y una evidente muestra de insensibilidad ante la justa indignación ciudadana”.
Alonso Raya concluyó que los altos niveles de corrupción gubernamental colocan en el centro de la discusión pública la urgencia de construir un Sistema Nacional Anticorrupción verdaderamente independiente, que combata eficazmente este problema.
