Más de 800 mil discapacitados reciben Pensión para el Bienestar

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Ciudad de México
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Ciudad de México, México.– Como parte de las acciones implementadas para impulsar la economía de los más vulnerables, 801 mil 201 Personas con Discapacidad ya reciben una pensión bimestral de parte del Gobierno de México.

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es de carácter universal y la reciben 508 mil 711 niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde 0 a 29 años, así como 90 mil 945 personas de 0 a 64 años que viven en comunidades indígenas y 201 mil 545 adultos que viven con algún tipo de discapacidad en zonas urbanas marginadas.

Para este año la meta es atender a 1 millón de personas con discapacidad, por ello de junio a diciembre del presente año se incorporarán a 200 mil más.

En el marco de las Conferencias Bienestar, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González y la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, Ariadna Montiel Reyes explicaron que ante la contingencia de salud por el COVID-19 en México, se realizaron acciones especiales para que la Pensión para Personas con Discapacidad se entregara en tiempo y forma.

Antes de que iniciara la Fase 3 se pagó el bimestre correspondiente a marzo-abril y se adelantó el pago del bimestre mayo-junio. En el caso de los 304 mil 651 beneficiarios que tienen cuenta bancaria, el pago fue a través de dos depósitos realizados el 10 y el 28 de marzo, cada uno de 2 mil 620 pesos para dar un total de 5 mil 240 pesos.

Mientras que 456 mil 550 personas recibieron el pago en efectivo mediante un operativo especial realizado del 23 de marzo al 10 de abril tanto en puntos de reunión, como casa por casa cumpliendo siempre las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia indicadas por el Consejo General de Salubridad.

Para lograrlo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó una inversión social de 4 mil 245 millones 770 mil pesos. Además, se ajustó el periodo de pago de 30 a 17 días previo a entrar a la Fase 3 de la pandemia.

Asimismo, se contó con el apoyo las Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo, el Banco del Bienestar y Telecomm, así como de la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales para salvaguardar la integridad tanto de beneficiarios, como el equipo responsable de la entrega, para garantizar que el recurso llegara sin intermediarios y a tiempo.

Aunado a estas acciones, con el apoyo del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), se informó  continuamente a la población derechohabiente de la pensión a través de infografías de medidas de cuidado y prevención; videos explicativos sobre medidas y el tema de la pandemia en Lengua de Señas Mexicana; integración de subtítulos a producciones audiovisuales del tema emitidos por la Secretaría de Salud; textos y audios descriptivos, así como material en Braille que la Secretaría de Cultura apoyó para su impresión.

Entre las acciones en favor de las personas vulnerables, destaca la reforma al Artículo Cuarto de la Constitución, en donde se estableció que:

“El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza”.

Con ello, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad se elevó a derecho constitucional y universal, teniendo garantizado un presupuesto y continuidad en los próximos sexenios.

El Gobierno de México refrenda así su compromiso para eliminar las barreras de exclusión, discriminación y racismo que enfrentan millones de mexicanos que viven con alguna discapacidad, pues muchos de sus derechos no se cumplían, porque más de la mitad se encuentran en situación de pobreza en nuestro país.

A través de la Secretaría de Bienestar se refuerza y trabaja en la implementación de las estrategias necesarias para que primero los pobres logren el ejercicio pleno de sus derechos económicos y sociales que les permitan mejorar la calidad de vida.