Ciudad de México, México.– Construir una Ley General de Fiscalización que homologue la función de todas las entidades, con pleno respeto a su autonomía constitucional, y reformar diversas legislaciones para integrarlas, a fin de combatir la corrupción, planteó la diputada morenista, Aleida Alavez Ruiz, coordinadora de la Subcomisión de Análisis Jurídico de las Auditorías Superiores Locales.
Al presentar y aprobar el Primer Informe de Actividades de la Subcomisión, de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la legisladora resaltó la realización de cinco foros temáticos con la participación de 22 ponentes, quienes plantearon la existencia de debilidades institucionales y del marco jurídico en materia de fiscalización en las entidades federativas.
“Se requiere actualizar el marco normativo para dotar de criterios generales que permitan tener claridad en la rendición de cuentas de gobiernos estatales y municipales”, aseveró.
Estimó que la propuesta relativa a una Ley General de Fiscalización la diseñará la Subcomisión antes de que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura, y conjuntará las sugerencias de los cinco foros temáticos.
Alavez Ruiz refirió que la existencia del flagelo de la corrupción, que alcanza alrededor del diez por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), explica en gran medida la severa crisis institucional por la que se atraviesa.
En las entidades federativas la desconfianza es mayor, debido a la falta de transparencia y por la casi nula contribución al desarrollo nacional, a través de una política tributaria adecuada, aseguró.
La mayoría de los estados dependen de las participaciones federales y muy poco hacen por tener una hacienda pública eficiente. Citó, como ejemplo, el impuesto predial, el cual a nivel nacional sólo capta 0.2 por ciento del PIB, mientras que la media latinoamericana es de 2.3 por ciento del Producto Interno.
De Morena, el diputado Carol Antonio Altamirano presentó trece propuestas para mejorar el marco jurídico y homologar el Sistema Nacional de Fiscalización, que garanticen el uso transparente de los recursos públicos, a través de reforzar las funciones de los entes fiscalizadores.
“Un auditor omiso o con las manos atadas por presiones políticas es inaceptable, si queremos que cumpla su función de contrapeso. Los auditores locales deben ser fortalecidos en lo político, financiero y operativo para que superen su debilidad ante los gobernadores. Es un reto que debe enfrentarse con innovaciones al diseño político-institucional e incentivos adecuados”, resaltó.
Se requieren garantías para asignar presupuesto, el cual es el mecanismo más común para ejercer presión. Una auditoría puede ser ahogada financieramente sin que exista posibilidad de defensa, lamentó.
Consideró necesario armonizar los códigos de ética y sistemas de integridad de las auditorías locales, con el objeto de reformar el marco legal del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que funcionarios de los entes fiscalizadores sean sujetos de un solo esquema de funciones presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De la misma bancada, la legisladora Sandra Paola González Castañeda destacó la importancia del foro temático que se realizará el próximo 12 de julio en Monterrey, Nuevo León, en la Facultad de Contaduría Pública, de la Universidad Autónoma.
Explicó que este encuentro aglutinará las conclusiones de los cinco foros que ha realizado la subcomisión, y conocer las propuestas de fiscalización, cuyo eje central es combatir la corrupción.
“Es muy importante homologar todos los criterios jurídicos en las auditorías locales y en la ASF”, subrayó.
El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (Morena) planteó que las auditorías locales tengan un organismo técnico de control que pertenezca a cada congreso.
Además, contemplar sanciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en caso de que la ASF no atienda las recomendaciones que le presente la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados. Pidió “dar dientes” a la UEC.
Indicó la necesidad de que la Cartilla Moral que promueve el gobierno federal sea instrumento de trabajo de las auditorías, para coadyuvar a transparentar y evitar fallas en la inspección del uso de recursos públicos.
Por Movimiento Ciudadano, la diputada Ruth Salinas Reyes refirió la necesidad de fortalecer las actividades de la UEC, porque es el mecanismo que tiene la Comisión de Vigilancia para alcanzar mayor coordinación en los objetivos de fiscalización.
El informe de actividades incluye el análisis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Además, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, enriquecerá el quehacer de la subcomisión con evaluaciones del marco legal.
