Comparecencias instrumento fundamental para rendición de cuentas de próximos servidores públicos, señala Senado

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Ciudad de México, México.– El desarrollo de comparecencias constituye una herramienta a disposición de los legisladores para la obtención de evidencia que les permita evaluar la toma de decisiones de los funcionarios públicos, así como determinar la idoneidad de las y los candidatos para ocupar los cargos cuyo nombramiento o ratificación dependen del Poder Legislativo, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

El estudio titulado “La utilidad de las comparecencias ante el Poder Legislativo para la rendición de cuentas”, elaborado por la investigadora Perla Carolina Gris Legorreta, explica que este tipo de ejercicios favorece el cumplimiento de la función de escrutinio conferida al Poder Legislativo pues le permiten cuestionar a funcionarios del Ejecutivo sobre las decisiones y acciones emprendidas respecto de un tema de política pública.

El documento del IBD sostiene que las comparecencias, además, están previstas en el marco jurídico mexicano como un mecanismo para evaluar la idoneidad de un candidato a un ocupar alguno de los cargos públicos que requieren la aprobación del Legislativo. Esto, apunta la investigadora, permite transparentar la decisión sobre su designación y debatir sobre la pertinencia de los perfiles.

De acuerdo con la investigación, los procedimientos establecidos para llevar a cabo estas comparecencias deben favorecer condiciones equitativas para todas las fuerzas políticas presentes en el espacio legislativo, lo que significa establecer procesos homogéneos para la participación que permitan que todas las visiones estén representadas en la discusión.

Otro factor importante, según el estudio, es la calidad de los cuestionamientos que se realizan en las comparecencias. Estos deben guiarse por criterios como claridad, objetividad y pertinencia que promuevan que las respuestas que se obtengan constituyan evidencia relevante para que las y los legisladores adopten una postura informada sobre el tema de análisis