Ciudad de México, México.— Legisladores morenistas y opositores polemizaron por el nombramiento del general Luis Rodríguez Bucio que estará a cargo de la Guardia Nacional, ya que los primeros apoyan la designación del militar y los segundos reclaman que sea un civil que se encargue de esa nueva corporación nacional.
El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la designación del general en proceso de retiro, Luis Rodríguez Bucio, como comandante de la Guardia Nacional, es “absolutamente legal”, ya que la reforma constitucional en la materia de otorga esa facultad al Presidente de la República.
“En la reforma constitucional, que generó un gran consenso político, donde hubo prácticamente unanimidad, dentro de esas atribuciones de disposiciones se le daba la facultad al Ejecutivo federal de nombrar al mando de la Guardia Nacional”, aseveró el diputado en declaraciones a la prensa.
Indicó que “el Presidente hace un nombramiento muy acertado”, ya que es un perfil consolidado, sólido, y con mucha experiencia, que es “lo que justamente requerimos para iniciar un cuerpo policial nacional como lo es la Guardia, con la meta de empezar a dar resultados ya en el corto plazo en materia de seguridad”.
El legislador subrayó que esta designación es producto del mandato del pueblo “expresado a través de sus representantes en 32 entidades, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, prácticamente por unanimidad”.
Cuestionado sobre las afirmaciones de la oposición de que este nombramiento militariza a la institución, sostuvo que “se está exagerando demasiado sobre el mando; es civil la Guardia Nacional, totalmente civil”.
“Entonces que el mando sea militar retirado o en activo, no quiere decir que vaya a militarizar a la institución que, desde el punto de vista de la Constitución, es absolutamente civil… Hay que evaluarlo como lo ha hecho el Presidente. Es una persona (Rodríguez Bucio) que tiene toda la capacidad y preparación para enfrentar el reto de empezar a integrar la Guardia Nacional y dar resultados, lo más importante es dar resultados”, manifestó.
Por su parte, la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, cuestionó la decisión presidencial de designar al general en proceso de retiro, Luis Rodríguez Bucio, para encabezar la Guardia Nacional, y aseguró que buscará interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de este nombramiento.
“El nombramiento que se ha hecho el día de hoy por parte del Presidente de la República es un fraude a la Constitución, a la ley, lo cual nos preocupa y lamentamos, porque en la Carta Magna se habla de una institución policial civil y estamos viendo que ponen al frente a un militar que, aunque esté en retiro, es un militar”, indicó.
Sostuvo que en la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, que hoy se presenta ante el Senado de la República, es donde deben venir establecidos los requisitos para este cargo, por lo que cuestionó que, “sin conocerlos siquiera, para hacer esta elección de manera más transparente, se haya nombrado de manera directa a un militar”.
En ese sentido, Juárez Piña calificó la determinación como “un fraude a la Constitución y una falta a los acuerdos en torno a este dictamen”, por lo que señaló que el PRD, junto con otras fuerzas políticas, buscará presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Nos preocupa la forma en la que se está dando, insistimos en que es un fraude a la Constitución y desde el PRD vamos a buscar, con otras fuerzas políticas presentar una acción de inconstitucionalidad, de juntar el 33 por ciento de diputadas y diputados y los vamos a impulsar también en el Senado de la República, con la idea de que quede claro si están faltando a la Constitución”, apuntó.
Dijo que es “lamentable” que en uno de los dictámenes que se votó con mayor consenso, “se siga desoyendo y desatendiendo lo que organizaciones de la sociedad civil, expertos y organismos nacionales e internacionales han dicho en este sentido”.
“Se debe cumplir lo que dice la Constitución, tener una institución policial civil y, en este caso, quien debería estar al frente debería ser un civil”, subrayó la líder parlamentaria.
Por su parte, el diputado Antonio Ortega Martínez, del PRD, sostuvo que “el Presidente de la República viola acuerdos políticos y con la sociedad civil al designar a una militar al frente de la Guardia Nacional”.
“Esta situación viene a restar legitimidad a un cuerpo cuyo origen constitucional gozó del respaldo no solo de los partidos políticos sino de los expertos, académicos y organizaciones sociales que confiaron en la legalidad y la palabra del p residente, pues se acordó conformar un cuerpo policiaco de carácter civil y no militar”, aseveró.
Por su parte, el diputado panista, Jorge Luis Preciado Rodríguez afirmó que el Presidente de la República tiene la facultad y el respaldo jurídico de nombrar al comandante de la Guardia Nacional; sin embargo, la designación del general en proceso de retiro “es una burla” para la oposición, porque no respeta el mandato parlamentario.
Tanto los legisladores de la oposición, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Human Right Watch y las organizaciones civiles, planteamos que su mando fuera civil. “El sólo hecho de que (el Presidente) nombre a un militar es una burla para la oposición, porque creo que se salta por la puerta de atrás el mandato parlamentario”, ya que el proyecto inicial modificado por el Senado de la República y votado por la Cámara de Diputados no lo establecía así.
Dijo que no se trata de cuestionar el prestigio o carrera del general en retiro Luis Rodríguez Bucio, notificado este jueves por el Presidente para encabezar la Guardia Nacional.
Indicó que esta designación tampoco respeta la postura de la sociedad que se manifestó porque el cuerpo de la Guardia Nacional tuviera mando civil.
“Si bien el artículo 89 fracción II le permite al Presidente de la República llevar a cabo el nombramiento de funcionarios de manera directa, cuando éste no está sujeto a una legislación en particular”, dijo Preciado Rodríguez
En virtud de que no se ha expedido la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la cual se prevé aprobar antes del 22 de mayo, el titular del Ejecutivo “tiene la facultad de nombrar a quien él considere, “es claro que jurídicamente hasta este momento tiene razón”.
El legislador panista externó que espera que este cuerpo de seguridad dé buenos resultados, “ya le dimos una reforma constitucional, le vamos a dar una ley próximamente, esperamos que se corrija la situación de inseguridad en el país”.
