Ciudad de México, México.— Nadie podrá ganar más que el presidente de la República con la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que sanciona con 12 años de cárcel a los funcionarios que autoricen o acepten ganar más que el Ejecutivo federal al aprobarla el pleno del Senado de la República con 75 votos a favor, cero en contra y 37 abstenciones.
Esa norma reglamenta la reforma constitucional que se encuentra suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el dictamen que se remitió al Ejecutivo Federal para su promulgación, se establece que los servidores públicos, incluidos los del Poder Judicial, que no notifiquen ni devuelvan en un plazo máximo de 30 días el excedente de su salario, incurrirán en el delito de cohecho.
Por su parte, quien autorice u otorgue salarios por encima de los tabuladores aplicables, incurrirá en el delito de desvío de recursos.
La secretaria de la Comisión de Hacienda en el Senado , la panista Minerva Hernández Ramos, criticó la premura de Morena de aprobar esta ley al considerar que la Corte aún no determina sobre la Ley de Remuneraciones a servidores públicos que está pendiente bajo el argumento de ser inconstitucional.
“Al igual que sucedió al inicio de esta 64 Legislatura con la dictaminación y aprobación de esta Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que se hizo en forma sumamente apresurada, está sucediendo exactamente lo mismo con estas reformas y esto no pasaría a mayores, de no ser porque está pendiente de resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las acciones de inconstitucionalidad que han sido presentadas tanto por legisladores de oposición, como por órganos constitucionales autónomos”.
Por ello, las bancadas del PAN y del PRI votaron en abstención, al considerarlo como una muestra de respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó la suspensión de la Ley de Remuneraciones para los Servidores Públicos y que aún tiene pendiente resolver en definitiva si se apega a la Constitución o la viola.
El dictamen propone penas de tres meses a 12 años de cárcel para quienes autoricen o acepten salarios por encima de los tabuladores.
Asimismo se imponen multas de entre 2 mil 500 y 94 mil 490 pesos por no hacer las devoluciones o por autorizar salarios por encima de los tabuladores.
En el ámbito administrativo, las sanciones que se proponen son destitución o inhabilitación para el desempeño de otro cargo, empleo o comisión pública por un periodo de entre seis meses a 14 años.
