Ciudad de México, México.— La Auditoria Superior de la Federación detectó 68 mil 136 millones de pesos pendientes por aclarar de las 653 auditorias realizadas a dependencias gubernamentales, de acuerdo a la “Tercera Entrega de Informes Individuales Correspondiente a la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017”.
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Rogelio Colmenares Páramo, entregó a la Cámara de Diputados el Informe General Ejecutivo sobre la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, con mil 675 auditorías.
Asimismo, proporcionó el último y tercer informe parcial titulado “Tercera Entrega de Informes Individuales Correspondiente a la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017”, que complementa los dos reportes parciales entregados el 30 de junio y el 31 octubre de 2018.
El primer informe parcial estuvo conformado por 344 auditorías, el segundo por 678 y el tercero por 653.
Los documentos fueron recibidos por los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF, que encabeza el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), y por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado Carrillo, quien asistió como invitado al encuentro.
De las mil 675 auditorías realizadas, mil 129 revisiones se realizaron a entidades federativas y municipios, que representan el 67.4 por ciento. Se llevaron a cabo 483 revisiones al Poder Ejecutivo, seis al Poder Judicial, tres al Poder Legislativo y 16 a órganos constitucionalmente autónomos. El total de entes auditados asciendió a 475.
Colmenares Páramo informó que la ASF emitió nueve mil 514 observaciones, de las cuales cuatro mil 446 corresponden a recomendaciones, es decir, sugerencias para fortalecer las políticas públicas, la estructura programática, los procesos administrativos y los sistemas de control.
Respecto de la tercera entrega de informes individuales, apuntó: “se contabilizó un monto determinado de 68 mil 136.5 millones de pesos, que equivalen a los recursos pendientes de aclarar por las instancias auditadas”.
Explicó que debido a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a partir del ejercicio 2017 las autoridades competentes locales están obligadas a reintegrar a la Tesorería Federal los remanentes no ejercidos en el año fiscal correspondiente.
“Producto de lo anterior, la ASF ya no emite observaciones por dichos subejercicios, lo que se refleja en la disminución de los montos observados, en relación con 2016”, dijo.
Detecta ASF inconsistencias en los programas de estancias infantiles, escuelas de tiempo completo e implementación de la reforma educativa: Colmenares Páramo
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Rogelio Colmenares Páramo, señaló que, derivado de las auditorías correspondientes al rubro de desarrollo social, se detectaron inconsistencias en los programas de estancias infantiles, escuelas de tiempo completo y en la implementación de la reforma educativa, aprobada en 2013.
Durante la entrega del informe general ejecutivo sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, indicó que todas las estancias infantiles incorporadas a la Sedesol (ahora Secretaría del Bienestar) carecen de indicadores y metas para el desarrollo integral de los niños, así como de información suficiente para poder afirmar que cumplieron los objetivos previstos.
Colmenares Páramo precisó que en 2017, la Sedesol gasto en promedio anual por niño atendido en las nueve mil 399 estancias infantiles inscritas en el programa de esa institución fue de 11 mil 500 pesos, es decir 958 pesos mensuales.
“Cabe mencionar que tanto el (Instituto Mexicano del Seguro Social) IMSS como el (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) ISSSTE tienen un servicio de guardería que atiende a hijos de derechohabientes”, añadió.
Colmenares Páramo apuntó que la Sedesol no acreditó ante la ASF que las estancias cumplieran con los criterios y requisitos de seguridad establecidos en las reglas de operación, ni con la calidad establecida para ser afiliadas y capacitación de los responsables de las guarderías “en materias como protección civil”.
En relación al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, consideró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) “no demostró que con la ampliación del tiempo de permanencia de los alumnos incidiera en la mejora de los aprendizajes, en virtud de que se desconoce el nivel de logro educativo”.
“Esto evidencia que el programa, contrario a lo dispuesto en las reglas de operación, no benefició exclusivamente a los alumnos de comunidades con alto índice de pobreza”, expresó.
Colmenares Páramo puntualizó que en el ciclo escolar 2017-2018, de las 25 mil 134 escuelas beneficiadas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) otorgó servicios de alimentación en 13 mil 708.
Sin embargo, dijo que sólo el 82.8 por ciento de estos centros educativos fue susceptible de recibir este servicio, ya que se encontraban en municipios y localidades donde operó la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Respecto a la reforma educativa, comentó que a cinco años de la promulgación de la reforma educativa se han realizado diversos cambios en los componentes del Sistema Educativo Nacional, enfocados en la actualización del plan y los programas de estudio; la implementación del Servicio Profesional Docente; el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar.
Así como, en la mejora de la infraestructura y el equipamiento de los planteles, y la instrumentación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa.
El auditor puntualizó que en la implementación de dicha reforma se observó la falta de armonización de las disposiciones federales y estatales en profesionalización docente y gestión escolar; mecanismos de coordinación ineficientes; las plazas de ingreso y ascenso no se otorgaron siempre a quienes obtuvieron los mejores resultados en el Servicio Profesional Docente.
Asimismo, se detectó opacidad y discrecionalidad en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) y se careció de un modelo de evaluación integral por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
