Por Javier Ramírez
Con una violación flagrante a la Constitución de la CDMX recién entrada en vigor, magistrados, 46 de 79, junto con el actual titular del TSJCDMX, Álvaro Augusto Pérez Juárez pretenden releegirlo por tres años más en las elecciones de este 9 de noviembre.
La disputa por controlar el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México entre los 80 magistrados ha sido eterna, algunas veces ganan los penalistas y a veces los civilistas como se pretende que ocurre en estos comicios.
El poder judicial capitalino que goza de una bolsa presupuestal millonaria, casi 6 mil millones de pesos anuales, reclama su independencia ante el legislativo que lo exhortó a conducirse conforme a los lineamientos constitucionales. Pero eso sí, la visita del todavía embajador de los Países Bajos, Edgar Elías Azar, quien fue por tres periodos titular del TSJCDMX, en estos tiempos electorales no se tomó como intromisión. Y se dice, de acuerdo a fuentes, que llegó para cabildear y no perder el control de ese tribunal.
En la elección por la presidencia del tribunal con acusaciones de vicios y corrupción en la impartición de justicia de los capitalinos, participarán los magistrados Álvaro Augusto Pérez Juárez, actual titular del poder judicial, Rafael Guerra Álvarez, Celia Marín Sasaki, Manuel Díaz Infante y Rosalba Guerrero Rodríguez. En el ámbito del derecho, organizaciones se manifestaron a favor y en contra de la reelección del magistrado en materia civil, Pérez Juárez.
Al actual presidente del tribunal, Pérez Juárez se le acusa de manejar los recursos presupuestales de manera discrecional como ocurrió con el bono sorpresivo a cada uno de los 80 magistrados por 190 mil pesos, con lo cual, según algunas fuentes, se interpretó que convenció a muchos para que estén a favor de su intención de repetir en el tribunal por otros tres años.
El diputado local morenista y próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encina Rodríguez acusó al poder judicial de violar la Constitución de la Ciudad de México al pretender la reelección del actual presidente. Y escribió en la red social: “es una vergüenza que el principal responsable de cuidar la ley sea quien la viole”.
El diputado constituyente y abogado, Javier Quijano Baz, asegura que en una plenaria 46 magistrados de 79 dieron su aval para que el actual presidente se reelija.
En un artículo publicado en un medio impreso, dice que con eso se explica de contar de manera oficial con la aprobación de violar la norma máxima de los capitalinos, aunque, 33 magistrados votaron en contra de esa situación.
El litigante recordó que la releección por tres años en la titularidad de TSJCDMX está expresamente prohibida, en su artículo 35, apartados B-9 y E-2 de la Constitución local) con lo cual se violaría el máximo ordenamiento.
Quijano señaló que la nueva ley orgánica entrará en vigor el 1 de junio de 2019, y puede aplicarse la actual que permite la reelección por un periodo inmediato de tres años. Sin embargo, aclara, el artículo 30 transitorio de la Constitución señala que esa norma se puede seguir aplicando “siempre que no contravenga lo establecido en ésta”.
El mismo Congreso de la Ciudad de México acordó por mayoría exhortar al pleno del TSJCDMX conducirse conforme a los lineamientos constitucionales, pero, el titular del máximo tribunal capitalino, Augusto Pérez dijo que no fue notificado de esa determinación parlamentaria, por lo que se negó a convocar a otro pleno de magistrados y discutir ese punto legislativo.
En el TSJCDMX, la justicia oral se aplica desde 2013, cuando se implementó esta modalidad para juicios de carácter civil mercantil, y un poco más tarde para la materia familiar.
En 2016 el órgano judicial capitalino emprendió una modificación en la forma de impartir justicia con la implementación del sistema procesal penal acusatorio, mediante el cual llegó la oralidad a los juicios de carácter penal.
Para poner en marcha esta modalidad, se gastó presupuesto público para la construcción de la infraestructura y el equipo necesario, así como de capacitación de jueces y demás personal.
Por ello el órgano judicial tiene instalada una capacidad para realizar cerca de 24 mil 822 audiencias dentro del sistema procesal penal acusatorio, en aproximadamente 130 salas de oralidad distribuidas en siete inmuebles.
Así los togados elegirán a su próximo presidente del poder judicial local en medio de una controversia de interpretación de las leyes en vigor y las entrantes.
