Ciudad de México, México.— La iniciativa que presentó el coordinador de Morena, Mario Delgado Carrillo, para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, “es intransitable” para el PRD, “a reserva de un estudio detallado, dijo la vicecoordinadora de los diputados perredista, Verónica Juárez Piña.
Aseguró que “es centralista, concentradora y viola el pacto federal”, y señaló que “constituye una propuesta altamente concentradora de las facultades de las dependencias directamente en la figura presidencial”.
“Es el caso de la Comunicación Social; las Unidades de Administración y Gestión que sustituyen a las Oficialías Mayores de las dependencias; y las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, dependientes del titular del Poder Ejecutivo, que manejarán todos los programas sociales y cuya estructura administrativa deberá quedar constituida en 180 días, generando gastos adicionales”, añadió.
También refirió que “las Unidades de apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pasarán a depender, administrativamente, de la Consejería Jurídica, y controlarán todas las iniciativas que se generen en las dependencias; Diconsa y Liconsa serán sectorizadas en Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otras”.
“Los órganos reguladores en materia de energía serán sectorizados, administrativamente, en la Secretaría de Energía, no obstante que son órganos autónomos constitucionales”, resaltó la diputada perredista.
Juárez Piña dijo que “la Secretaría de Hacienda (y Crédito Público, SHCP) registrará, de manera única, las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal 2019 que, por los cambios, queden sectorizadas en otras secretarías”.
Advirtió que esa medida “le proporciona a la SHCP la facultad discrecional de asignar recursos para el PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) 2019, sin que sean aprobados por esta Cámara”.
Respecto a la Secretaría de Gobernación, comentó que mantiene las facultades en materia de participación ciudadana, coordinación del gabinete, las relaciones con los demás poderes y la sociedad civil, asociaciones religiosas, política migratoria; población; radio, televisión y cinematografía; juegos y sorteos; municipalismo; entre algunas otras.
Expuso que a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana “le corresponderá la ejecución de la seguridad pública de la nación, la política criminal, prevención del delito y preservar las libertades, el orden y la paz públicos”.
Asimismo, “el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que incluye a Fiscalías autónomas; el manejo de la Policía Federal; auxilio a las entidades federativas y municipios; sistema penitenciario federal y derechos humanos; y algunas más”.
“La propuesta pretende legalizar la cuestionada figura de los representantes estatales que eventualmente operarían los programas sociales. Adicionalmente estos delegados podrán contar con oficinas de representación en las entidades federativas”, aseveró la vicecoordinadora del PRD.
Comentó “que no se trata de un proceso de modernización institucional, sino de un proceso concentrador de las facultades en el primer círculo del Presidente, contrariamente al sistema federalista que hemos construido”.
“Es pertinente indicar que las disposiciones que resultan más preocupantes se encuentran contenidas en los artículos transitorios. Nos parece importante señalar que, a reserva de un estudio detallado, esta iniciativa es intransitable para el PRD”, concluyó.
