ANAD exige esclarecimiento de muerte de bombero García Salinas y castigo a responsables

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Ciudad de México, México.– La Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD, en solidaridad se une a la pena que embarga al gremio de bomberos y a la familia de Javier García.

En una carta dirigida a Enrique Peña Nieto, presidente de México, al jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, la organización, encabezada por Nahir Velasco exigió que se aplique con todo rigor la Ley y se agoten todas las líneas de investigación, en primer lugar la denuncia que el propio Javier García dejó grabada en un video y que circula en redes sociales, para que se castigue al o a los responsables intelectuales y materiales del crimen.

La misiva, la cual fue firmada también por Lauro Sol, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboristas (ALAL), recordó que Javier García fue uno de los 28 bomberos despedidos el 27 de enero de 2018, un día después que solicitaron el registro del Sindicato de Trabajadores del Heroico Cuerpo de Bomberos Unión y Fuerza de la Ciudad de México, una organización independiente.

El gobierno está obligado a garantizar las leyes y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado. La organización sindical debe garantizarse, para que los trabajadores ejerzan su derecho de libertad de asociación; que fue la aspiración de Javier García Salinas; motivo que quizá sea el móvil de quien o quienes lo asesinaron.

Dirigimos un firme reclamo de justicia por el crimen de Javier García Salinas y del despido de los 28 bomberos.

Apoyaremos solidariamente al Sindicato de Trabajadores del Heroico Cuerpo de Bomberos Unión y Fuerza de la Ciudad de México, para que en los espacios nacionales e internacionales el caso se resuelva conforme a derecho.

Las personas que pertenecen al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, tienen derecho a organizarse libremente y a que sean respetados sus Derechos Humanos laborales, siendo la autoridad un garante para que se cumplan las leyes y los tratados internacionales, conforme al artículo primero de la Constitución.