Ciudad de México, México.— Lentitud en reparación de inmuebles y sin censar el 100 por ciento de los edificios e infraestructura dañados por el sismo del pasado 19 de septiembre en la capital del país, además de blindar los 15 mil millones de pesos de presupuesto de reconstrucción y reconocer omisiones y conceptos contradictorios, expusieron autoridades, organizaciones ciudadanas de damnificados, especialistas y legisladores en un foro, en donde propusieron cambios en el proceso de atención y reformas a esa norma.
A nueve meses del sismo del 19 de septiembre, la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), realizaron el foro “Diálogos 19s. Reconstruyamos nuestra ciudad”, con el fin de proponer cambios en el proceso de atención y reformas a la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México.
En el evento, en el que también participaron el Colegio de Urbanistas de México y las organizaciones civiles Ciudadanía 19s y Mejor Ciudad, se coincidió en que es importante identificar los avances y los problemas presentados durante el proceso de restauración.
El diputado Fernando Rubio Quiroz (PRD), integrante de la Comisión Especial de Seguimiento a los Trabajos de Reconstrucción tras los Sismos que han Afectado a Diversas Entidades de la República Mexicana, aseguró que esta tarea tiene el objetivo de realizar acciones que garanticen a todos los afectados la recuperación de su patrimonio.
“Este esfuerzo que hoy comienza demuestra que juntos saldremos adelante”, subrayó.
De la ALDF, la diputada Dunia Ludlow Deloya (PRI), presidenta de la Comisión de Vivienda, indicó que es importante garantizar la reparación del daño y el debido proceso a todas las personas afectadas, así como blindar el presupuesto de casi 15 mil millones de pesos que se destinó en el 2018 a este propósito.
“Los organizadores de este evento estamos preocupados por la lentitud con que se repara a la Ciudad de México. Queremos construir una que sea más segura, garantizando que todos los edificios que quedaron de pie y se encuentran tocados, reciban el tratamiento adecuado para no propiciar futuras desgracias”, afirmó.
Estimó ilógico que la Ciudad de México sea la entidad federativa con más recursos destinados a la reparación, y la que presenta más atrasos en este proceso, ya que a nueve meses del sismo no se conoce cuál es el universo de los daños y no existe un programa integral.
Consideró relevante impulsar este tipo de foros porque sirven para que especialistas ayuden a enriquecer diversas visiones y perspectivas de la reconstrucción. Agregó que es fundamental conocer un atlas de riesgo, cómo se van a financiar y a pagar estas afectaciones y, por supuesto, tener transparencia y rendición de cuentas.
Anunció que el próximo 19 de junio, habrá otra reunión en la Cámara de Diputados, para conocer las experiencias y propuestas de todas las personas relacionadas con el sismo, “pueden ser afectados, académicos, expertos en comunicación, estudiantes y todos aquellos que, en su ánimo de ayudar, se han informado y pueden aportar algo para construir una mejor ciudad”.
Informó que en la página de Internet “dialogos19s.mx” se reciben propuestas y experiencias de los afectados, con el fin de mejorar su situación y generar un documento con planteamientos concretos y urgentes para corregir y mejorar el proceso de reconstrucción.
En la mesa de análisis, “Facultades de las autoridades en protección civil y procesos de atención a damnificados”, la representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Rocío Quintana, informó que después del temblor se emitieron medidas precautorias a las delegaciones, a las secretarías de Protección Civil y Seguridad Pública, y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a fin de prevenir posibles violaciones y brindar apoyo psicosocial para las personas damnificadas.
Refirió que la CDHDF ha realizado audiencias con los damnificados y recabó testimonios de aproximadamente 120 personas, como el de padres de niños cuyas escuelas tuvieron daños. Entre las problemáticas identificadas resaltan, además de la norma, criterios y procedimientos claros para atender necesidades específicas de cada uno de los afectados de los inmuebles y las colonias.
Claudia Aguilar Barroso, representante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, refirió que la legislación en materia de protección civil posee una gran complejidad, ya que existe una ley general, pero se contrapone con la local, haciendo más tardada la concertación del sector público-privado y la participación social.
Subrayó que no es necesaria la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX. Hacer una legislación a diestra y siniestra, “donde incluso conceptos contradictorios entre sí, poco abona a que las autoridades puedan cumplir con sus obligaciones y que la sociedad sienta que la autoridad participa para lograr la tutela efectiva de sus derechos”. En cambio, consideró urgente reformar las leyes de Coordinación Metropolitana y de Capitalidad.
Renato Berrón Ruiz, director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México (ISCCDMX), enfatizó que las consecuencias del sismo pudieron ser peores, pero no lo fueron porque se cuenta con un reglamento de construcción actualizado; además, se otorgaron cédulas de inspección postsísimica para clasificar a los inmuebles como “seguros”, “seguridad en duda”, e “inseguro”; sin embargo, consideró necesario un protocolo de actuación, respecto a la liberación de recursos.
Reconoció que la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX tiene muchas omisiones y faltaría mejorarla y perfeccionarla incluso, estimó que la experiencia que se ha tenido con los damnificados la debe enriquecer. Mencionó que uno de los temas a los que se ha enfrentado el ISCCDMX es instruir a los damnificados sobre lo que deben hacer con un edificio dañado, sostuvo que muy pocos edificios carecen de dictamen y se está pasando a la tercer etapa que es la de rehabilitación, pero los recursos apenas llegan.
En tanto, el subprocurador de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, Emigdio Roa Márquez, valoró como fundamental que exista claridad en la coordinación de protección civil, a fin de que todas las dependencias se vinculen y brinden mejor respuesta en caso de desastre.
Indicó que se requiere de la profesionalización y especialización de las instituciones, de manera permanente y no darse a partir de un siniestro, sino ser una constante y una exigencia de la sociedad civil y de los distintos órganos de gobierno. Si no existen, “difícilmente se va a poder atender cualquier tipo de siniestro”.
El comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Edgar Tungüí Rodríguez, se pronunció por mejorar el programa de reconstrucción y dejar bien definido que sin importar el término de la administración y el cambio de gobierno, los programas continuarán.
Durante su participación en la Mesa 2 “Censos y Funcionamientos de la Comisión de Reconstrucción”, explicó que los censos que marca la Ley de Reconstrucción en materia de inmuebles y personas afectadas, mercados públicos, infraestructura y patrimonio cultural, tienen 95 por ciento de avance. “La idea es terminarlos en el primer semestre para subirlos a la plataforma”.
Mencionó que el Programa de Reconstrucción es un listado de acciones sin indicadores, sin tiempos de cuándo empezar o cuándo terminar, ni da seguimiento a los planes, por lo que se debe transformar, corregir y republicar para darle seguimiento.
Añadió que “le faltan dientes a la Comisión, pues si bien entre sus facultades está la de ejecutar acciones de mando y coordinación, se ha hecho más de coordinación para que dependencias atiendan debidamente a las personas, ya que ellas tienen el presupuesto y la atribución para ejercer esas acciones”.
Dijo que se tienen cerca de 15 mil núcleos familiares afectados; en el sistema hidráulico, hubo dos mil 700 fugas reparadas al momento; 108 centros culturales dañados, de los cuales, 92 están totalmente reparados; del patrimonio histórico hay 218 inmuebles que por cuestiones de tramitología con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), falta de proyectos y de especialistas, se encuentra detenida su reconstrucción; además, dos mil 600 negocios afectados que no han reiniciado, porque la tramitología les impide acceder a recursos.
Fernando Aguirre Sánchez, subcomisionado de ese organismo señaló que se ha tenido un proceso de maduración muy importante, que se debe aprovechar para evaluar las acciones que ha aprobado para la reconstrucción.
Participaron Julio Escandón García, vicepresidente de Servicios Profesionales, Delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CDMX; Juan Manuel Romo Blanco, secretario de la Junta de Honor del Colegio de Arquitectos de la CDMX, sociedad de Arquitectos Mexicanos y Juan Carlos Sainz, del consejo asesor del Centro Nacional de Prevención de Desastres.
En la mesa de trabajo denominada “Infraestructura pública dañada, Atlas y prevención de riesgos”, el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Carlos Miguel Valdés González, apuntó que en materia de desastres naturales es vital saber a qué estamos sujetos y aplicar las recomendaciones de mitigación de riesgos y del mismo modo entender dónde vivimos y migrar hacia la prevención.
“Hay que reconocer que los fenómenos no siguen las determinaciones políticas; por ello, se tienen que estudiar en conjunto y por medio de un plan general que trascienda estos asuntos”, añadió.
Un punto importante es la continuidad ante cambios gubernamentales, así como la coordinación de uso de recursos y que los distintos órdenes de gobierno trabajen en la misma dirección.
Óscar Zepeda Ramos, director de Análisis y Gestión de Riesgos del Cenapred, estimó que se requieren estudios integrales para emitir los Atlas de Riesgos. El sismo de septiembre pasado, dijo, “nos dejó ver la importancia de una mayor atención en procesos de mantenimiento de estructuras”.
Consideró necesaria la participación de la ciudadanía para trabajar de manera coordinada, así como transversalizar las políticas públicas en materia de prevención.
Arnoldo Matus Kramer, director general de Agencia de Resiliencia de la CDMX, mencionó que el tema de riesgos naturales es muy dinámico, y se debe analizar como un proceso y no como sucesos aislados. En el caso de la Ciudad de México tiene que observarse de manera metropolitana.
Propuso enfocarse en la infraestructura hidráulica, por carecer del mantenimiento adecuado durante años y los hundimientos diferenciados que afectan directamente las construcciones, dañadas cuando ocurre un terremoto.
También se llevaron a cabo las mesas “Financiamiento de la reconstrucción” y “Transparencia y rendición de cuentas”, donde participaron representantes de la Sociedad Hipotecaria Federal, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Vivienda CDMX y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Asimismo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
