Resaltan importancia de redes especializadas de comunicación en toma de decisiones

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Ciudad de México, México.– Los canales de comunicación especializada, como la Red de Investigadores Parlamentarios en Línea (REDIPAL), son fundamentales para la toma de decisiones, afirmó el director general de Servicios de Documentación, Información y Análisis (SEDIA) de la Cámara de Diputados, José María Hernández Vallejo.

“La utilización de las redes hoy en día se vuelve un punto fundamental dentro de la comunicación global, pero también las redes especializadas alcanzan estándares de conocimiento básico para la toma de decisiones en las áreas de representación popular”, indicó al inaugurar el foro “Diálogos contemporáneos de Latinoamérica. REDIPAL 2018”.

Este encuentro tiene la finalidad de analizar problemas en materia de derecho, política, democracia y derechos humanos, para fortalecer las actividades de apoyo del trabajo parlamentario en América Latina.

Hernández Vallejo dijo que el trabajo que se realiza constantemente en este tipo de plataformas y del diálogo cotidiano especializado con países de América Latina, contribuye a alcanzar objetivos válidos en los sistemas políticos, y en la democracia crítica y deliberativa.

Planteó la necesidad de refrendar y estrechar lazos con las naciones de Latinoamérica, para profundizar en proyectos válidos para cada una de las instituciones y no sólo de los organismos públicos deliberativos como el parlamento, sino también de la academia.

Manuel González Oropeza, investigador y ex magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afirmó que los parlamentos deben asumir la responsabilidad de expedir leyes claras, justas y entendibles, para evitar la discrecionalidad administrativa que genera corrupción, inaplicación de las normas y criminalización de conductas.

“La generalidad y abstracción de las leyes que, por naturaleza son así, debe ser reconsiderada para hacer marcos legales claros y exactos, que no tengan margen de duda”, indicó.

González Oropeza agregó que pese a que el parlamento tiene un gran papel en la sociedad, las leyes no son soluciones mágicas para solucionar los problemas, por lo que se debe poner atención en la implementación adecuada de la ley, para garantizar los derechos humanos y el Estado de derecho.

“La justicia se debe implementar de acuerdo a las leyes, pero con más sentido de justicia que de legalidad”, apuntó.

El jurista enfatizó que la democracia no es una cuestión de mayorías, sino de minorías y deben ser cuidadas por las democracias y parlamentos.

“Un Estado democrático no sólo vela por los derechos, sino por su implementación efectiva”, insistió.

El presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos, Enrique Carpizo Aguilar, dijo que el derecho es una expresión de la dignidad y todo aquello que no vaya acorde con ésta, no será más que un conjunto de buenas intenciones que a nada práctico va a conducir.

Subrayó la necesidad de replantear la postura de que la política está por encima del derecho acorde a ciertas posturas legalistas, pues ésta se traduce en libertad de expresión y por lo tanto es un derecho. “Si una política es contra del derecho, no puede respetarse”.

“Las interpretaciones de los derechos y las libertades se hacen de una perspectiva no flexible, no contemporánea, sino limitada a la literalidad de una norma que se identifica con justicia y no necesariamente con el derecho como expresión de la dignidad”, señaló Carpizo Aguilar.

“Hoy, por encima de la dignidad no puede haber nada, quien acepte actos, tendencias o políticas en contra de la dignidad, entonces tendrá que ser cuestionada su postura”, comentó.

Durante el foro se desarrollaron tres mesas: “Constitución, justicia, derechos humanos y sociales para la equidad de género”, “Estado de derecho, parlamento, y calidad de la democracia en Latinoamérica, en el contexto internacional” y “Constitución, corrupción y modelo de desarrollo económico para Latinoamérica”.

En el evento participaron investigadores en materia de derecho, política, democracia y derechos humanos de México, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, y Perú.