Por Javier Ramírez
A poco más de un año de la muerte de Juan Gabriel (Alberto Aguilera Valadez), los nueve trabajadores que lo demandaron ante las autoridades laborales mueven mar y tierra para cobrarle 60 millones de pesos por su indemnización al albacea Guillermo Pous Fernández de la herencia del desaparecido divo.
Alberto Ríos Ravizolly y otros ocho trabajadores iniciaron juicio laboral contra Juan Gabriel de acuerdo el expediente 1249/2001 radicado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal en el 2001 por despido injustificado y reinstalación en su centro de trabajo. La defensa asegura que el laudo del juicio está firme y lo único que falta es que paguen los herederos de Juan Gabriel.
El abogado de los empleados demandantes insistió en que la Junta local de Conciliación de la CDMX, gire atento oficio y ahora recordatorio al presidente de la Junta de Chetumal para que, por su conducto, se requiera al notario público número 52 de allá e informe si tiene o no a su cargo la sucesión de Alberto Aguilera Valadez.
Y en caso de que diga que sí, le pediremos que nos informe oficialmente quién es el albacea y su domicilio de éste.
También se solicita a la JLCADF giren un oficio al Tribunal de Justicia del Juzgado 14 de lo familiar en la Ciudad de México, “porque ahí detectamos en el boletín judicial que efectivamente Joao Alberto Aguilera Rosales promovió una impugnación de testamento y está radicado en ese juzgado de lo familiar”.
Con ello, se espera tener el domicilio a fin de notificarles y hacerle de su conocimiento que tienen un juicio, “donde aproximadamente el juicio vale 60 millones de pesos, no me puedo meter directamente al juzgado familiar, porque la naturaleza del juicio me lo impide, por eso lo estoy haciendo por esas dos vías”, dijo la defensa de los trabajadores despedidos por el desaparecido Juan Gabriel.
Recordó que se han embargado varios inmuebles propiedad del finado canta—autor para garantizar el monto de la indemnización y se les pague a los trabajadores. Refirió que de los nueve trabajadores querellantes contra Aguilera Valadez han muerto tres y en el último caso se promovió un incidente de sustitución procesal a favor de su viuda, para que se lleve a cabo la investigación de dependencia económica en el Estado de México, que es donde vive.
