Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
Pronto entraremos a mediados de noviembre, y con ello a la inercia de fin de año. Pero este tiempo no será igual de ninguna forma al de otros años. En este lapso los partidos lanzarán a sus candidatos presidenciales y perfilarán a los aspirantes a 8 gubernaturas y cientos de alcaldías y diputaciones locales.
Este fin de año sin embargo quedará marcado por el destape del candidato del PRI y por el del Frente Ciudadano integrado por PAN, PRD y MC.
Pero para marcar en definitiva este fin de año como absolutamente distinto a todos los vividos anteriormente, es que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto abrirá el caso Odebrecht, que de entrada amenaza con prisión a personajes muy cercanos a él, y que abrirá al escrutinio público a importantes áreas de su campaña presidencial.
Todo volverá a ser revisado, y el caso en sí se convertirá en un tribunal público sobre sus acciones y gastos.
La decisión, se dice, es ir a fondo de una vez por todas y desechar las dudas sembradas sobre el uso de dineros provenientes del soborno en su contienda por llegar a Los Pinos.
El tema fue de hecho planteado por su jefe de prensa y vocero, Eduardo Sánchez, durante una mesa de debates en el programa mañanero de Carlos Loret en Televisa.
Ahí, y bajo una serie de preguntas planteadas por el propio Loret, por el politólogo y conductor de otro programa en la misma empresa, Leo Zuckermann y por María Scherer, hija de Julio Scherer, Sánchez explicó que los directivos de Odebrecht fueron recibidos en Los Pinos y ahí ofrecieron dar información sobre los sobornos a cambio de impunidad… y de continuar con la obtención de contratos.
Peña Nieto lo rechazó, dijo el vocero.
El mandatario les habría dicho que “no es transitable un acuerdo de impunidad”.
Por lo demás Sánchez afirmó que es “absolutamente falso” que los supuestos millones de dólares que dicen aportó Odebrecht haya llegado a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
“… esa acusación es infame”, enfatizó.
Explicó que ciertamente el exprocurador Raúl Cervantes dejó casi concluido el caso Odebrecht, pero que su salida pospuso su ejecución.
Hoy, agregó, su sustituto, el subdirector en funciones de titular de la PGR, Alberto Elías, se encuentra revisando toda esa investigación porque él será el responsable de ejecutarla, advirtió Sánchez.
“Toca a él la responsabilidad de presentar la acusación, pues él está haciendo una revisión de precisamente lo que Raúl Cervantes dice que dejó terminado y que está prácticamente muy avanzado para presentar esa acusación. De manera que vamos a esperar a que quien va ser el responsable de ese asunto tenga los elementos para presentar la acusación”, indicó.
LA MODA
Al indicarle que las filtraciones sobre la investigación de la PGR sobre el origen de los bienes de Ricardo Anaya y su familia política tiene todos los indicios de una persecución política del Gobierno contra un opositor, el vocero respondió:
“Está de moda echarle la culpa al gobierno de todo lo que ocurre… el gobierno no compró inmuebles, el gobierno no se los puso a nombre de su familia, de manera que el señor (Ricardo Anaya) tendría que explicar de dónde salió su buena fortuna y no echarle la culpa de su mala fortuna al gobierno”.
EN BUSCA DE FISCALES
Una vez concluido el tsunami de confrontación político-legislativa provocada en el Senado de la República por la remoción del fiscal electoral Santiago Nieto, con las aguas de la negociación de nuevo en su cauce, el coordinador de los senadores del PAN, el aguascalentense Fernando Herrera informó ayer que la Junta de Coordinación Política estaba a punto de iniciar un diálogo para definir condiciones y características de la convocatoria para nombrar al Fiscal Especializado para Delitos Electorales.
Esta convocatoria, dijo el panista, tiene que apegarse a las exigencias de un fiscal apartidista, autónomo, independiente, con amplio consenso social, que surja de un proceso con máxima publicidad.
Interrogado sobre la posibilidad de ir a un proceso único de elección no sólo de uno sino de los tres fiscales que faltan: el General de la Nación, el Anticorrupción y el Electoral, el aguascalentense se dijo dispuesto a discutirlo.
“Nosotros estamos haciendo el esfuerzo por caminar en todas las materias; si existe disposición de ir al nombramiento de fiscales con características de autonomía e independencia, lo vamos a conseguir.
“Si el esfuerzo es ir a una simulación, las cosas se entramparán. Por eso hacemos una exhortación a todos los partidos políticos para que transcurramos en la misma ruta, en el mismo sendero.
“Tiene que haber una reforma profunda al 102 constitucional que dote de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción y que dé vida a la Fiscalía General, y ésa es una discusión que tendrá que darse en el corto plazo, en conferencia, entre diputados y senadores de la República”, indicó.
EXHORTO DE SENADORES
El Pleno de los diputados en San Lázaro dio entrada ayer a un exhorto del Senado, que les pide considerar recursos especiales para atender a víctimas de los sismos de septiembre dentro de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2018.
CLAUSULA DE CONCIENCIA
Con el fin de proteger el derecho a la información, la libertad de prensa, los derechos laborales de los comunicadores y salvaguardar el desarrollo profesional del periodismo en México, la senadora Luz María Beristain propuso establecer la Cláusula de Conciencia de los periodistas.
La legisladora explicó que esta cláusula es en sí un mecanismo de protección que podría emplearse para apelar a la defensa de la dignidad y prestigio de los profesionales de la comunicación que además les permitiría “blindarse de patrones, editores o directivos de medios, y del mal uso de la información”.
Esta cláusula los protegería cuando decidieran negarse a publicar bajo su firma alguna información con la que no esté de acuerdo, ética, ideológica o profesionalmente.
De igual manera serviría para protegerlos cuando se realicen cambios a sus textos o trabajos periodísticos sin su previo consentimiento, o cuando un medio cambie radicalmente de postura editorial, poniendo en entredicho la libertad de expresión del comunicador.
La propuesta que modifica diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo se envió a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen correspondiente
