La militarización del país siempre se ha dado en los hechos, pese a la violación de la Constitución, abusos, excesos y hasta masacres de soldados en contra de presuntos narcotraficantes (Tlatlaya en 2014 uno de los casos más recientes) o el pretexto de dar seguridad pública a la población. Y ahora pretenden “con la ley en la mano” reprimir cualquier movimiento social.
Fuera de sus cuarteles, la presencia de militares es tan vieja, como en el ferrocarril de pasajeros ahora extinto, en retenes carreteros, vestidos de policías en Iztapalapa en 1997 o a petición presidencial con Calderón y hasta la fecha. En esa carrera avanzaron en los últimos meses, pues a petición del presidente Enrique Peña Nieto, el Congreso, vía fast track, autorizó que elementos de la Marina se hagan cargo de los puertos en el país sustituyendo a los mandos civiles.
Sin una preparación para dar seguridad pública y la violación de derechos humanos cometidos en contra de la población civil y exceso uso de la fuerza, los militares y el gobierno federal empujan junto con el PRI la ley de seguridad interior, aunque hay resistencia de parte de estudiosos, organizaciones sociales, de derechos humanos y de la misma ONU que recomienda regresen los militares a sus cuarteles.
Al parecer esa orden de legalizar su presencia en la vía pública, observa un estudioso, viene por orden del departamento de Estado de EU para evitar movimientos sociales.
En la última década, las autoridades han destinado un billón de pesos para la seguridad pública y combate al crimen organizado, lo cual ha sido un total fracaso, a pesar de la presencia militar en estados supuestamente conflictivos como Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa y otros más.
El gobierno federal culpa a las entidades del país de no preparar a sus policías y por esa razón pretenden normar la militarización en las calles, aunque no ha sido nada fácil para cumplir con la urgencia presidencial.
En un supuesto gobierno democrático, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, el gobierno de Ernesto Zedillo, sacó a los militares vestidos de policías para cuidar la delegación Iztapalapa. Así se las gastan los priístas, siempre intentando amedrentar a la población utilizando a las fuerzas armadas.
A las fuerzas armadas mexicanas, pese a los riesgos y desgaste por las eventualidades, les gusta andar fuera de sus instalaciones, y avanzaron en los últimos meses al conseguir que los marinos sustituyeran al personal civil en los puertos del país.
Aunque la ley de seguridad interior está atorada, porque el PAN, en la Cámara de Diputados, condiciona su aval siempre y cuando se legisle antes el mando mixto policiaco en los estados, el PRD la rechaza en los términos planteados y pide se dictamine el mando mixto. Morena de plano rechaza la presencia militar en las calles y pide se regresen a los soldados a los cuarteles.
Mientras eso ocurre, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda se contradice en sus declaraciones en relación al tema. Por una parte, pidió al Congreso definir la presencia militar en las calles y luego dijo que era necesaria su presencia en la vía pública y que no iban a regresar a sus cuarteles. Con ello se confirma su ansia por estar fuera de sus instalaciones.
Con el pretexto de la inseguridad pública, llámese combate a la delincuencia organizada o desorganizada, en los hechos por orden presidencial se viola la constitución desde hace muchos años.
El artículo 89 señala que “laas facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
Y el artículo 129, precisa: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.
La presencia militar fuera de los cuarteles en México tiene décadas que ha dejado una estela de hechos sangrientos como en el movimiento del 68, violaciones a los derechos humanos y transgresión al marco constitucional.
Ahora, el gobierno federal junto con el poder legislativo pretenden normar su presencia de los soldados en las calles para realizar funciones de seguridad sin estar preparados para ello.
En 2016, la CNDH reporta que el Ejército y la Marina Armada de México concentraron la mayor parte de las quejas. Y ofrece información, de las primeras 38 quejas, 17 son señalados como presuntos responsables a las fuerzas armadas, 11 de ellos directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y otros seis a elementos de la Secretaría de Marina Armada de México; en cinco denuncias más es señalada la Policía Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
La ONU y la misma CNDH advierten de los riesgos de la militarización de la seguridad pública en el país, por excesos de los soldados y la violación de las garantías individuales.
Los abusos cometidos por las fuerzas armadas, en el contexto de la militarización de la seguridad pública, es uno de los elementos que ha generado mayores denuncias de violaciones a las garantías individuales en México, y es un factor que podría seguir presente en la ley de seguridad interior que actualmente se discute en el Congreso, dice la ONU.
El investigador de la UNAM, René Jiménez Ornelas lo dice claro: la militarización de la seguridad pública en nuestro país es para evitar movimientos sociales, dada la situación económica del país y de la contradicción que se dan a nivel económico y ahora con la llegada Trump.
“Es una orden del departamento de Estado de EU y en donde los militares mexicanos quieren tener una presencia más fuerte, y lo que no se puede aceptar es la violación de los derechos humanos”.
En entrevista, recordó que desde la época de De la Madrid y principios de Carlos Salinas se empezó a entregar el país a los grandes capitales, especialmente a los capitales norteamericanos y la economía mexicana empezó a girar a través de la dependencia directa de la economía del vecino del norte.
Por eso, añadió, Estados Unidos se fija qué pasa en su patio trasero y llegar a situación como las que estamos viendo, no controlan a los cárteles, porque necesitan la droga para seguir estupidizando a su pueblo.
Y se le pregunta: hasta cuándo va aguantar el pueblo mexicano y responde: ha habido movimientos sociales que de repente pasan 40 años y no pasa nada y estamos dentro de ese proceso y según mi focalización la situación se está poniendo de tal manera que la gente empieza a organizarse ve gente de Guerrero, inclusive Tijuana, Ciudad Juárez, hicieron una captura a través de la participación ciudadana y eso que dicen que la Policía Federal, que el Ejército, fue la población que dijo basta y se empezó a organizar.
El investigador precisa que la seguridad pública es el negocio de los funcionarios y los empresarios, entre más inseguridad hay mayor vende los grandes empresarios que están metidos en el rollo entiéndase Televisa, Slim y empresarios de Nuevo León que a ellos no solamente están de acuerdo, sino los beneficia una situación como esta.
Luego de cambios en Sudamérica, con el apoyo del Departamento de Estado de EU, se han caído los gobiernos argentino y brasileño, y aquí en México se ven los contrastes de la opulencia y pobreza, señaló Jiménez Ornelas.
Insistió en que desde Miguel de la Madrid en adelante ya estaban los militares en las calles. México tuvo un papel preponderante en el apoyo a Cuba, el mismo PRI que está dominado por tecnócratas educados en EU, le dio el apoyo a Cuba; y ahora no, ahora estamos dominados por una clase política para servir a los intereses del imperio y de los empresarios.
Por su parte, el diputado federal por Morena, Virgilio Caballero Pedraza señaló que en México se vive una situación particularmente difícil para la democracia, ya que el Ejército Mexicano –en complicidad con las fracciones parlamentarias mayoritarias en las Cámaras de Diputados y Senadores– busca legitimar su presencia y labor represora en las calles, los caminos y todos los rincones de nuestro país, a través de reformas a la Constitución Mexicana.
Aseveró que con las iniciativas de reforma al Artículo 29 Constitucional, para que se reconozca al Ejército Mexicano como el responsable de la seguridad pública y de la sociedad en su conjunto, se corre el grave riesgo de que en México ocurra lo que en otros países se llama golpe militar.
Para el diputado federal de Morena, Vidal Llerenas es un exceso que a los marinos se les haya dado facultades para regular la marina civil para que no pasen los cargamentos de droga por aguas nacionales.
Prevé que los cargamentos de estupefacientes seguirán pasando, a pesar de la actividad de los marinos en los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima, porque no se tiene capacidad para realizar ese trabajo de revisión por la cantidad de comercio en esos lugares.
Dijo que militarizar a la seguridad pública no es una buena idea y no creo que vaya a mejorar las cosas y hay riesgos. Reconoció que es un fracaso la seguridad pública y hay que construir planes de seguridad de la administración pública como la seguridad ciudadana.
Recuerda que los militares están preparados para la guerra y sirven para otras cosas y que cuiden en el mar territorial, si hay un barco pirata haciendo pesca de manera irregular para eso sirve pero no para controlar los puertos o para administrar el puerto o para ser policía del transporte marítimo.
La militarización en el país es una violación de la constitución, está en el borde y esto en el largo plazo no nos conviene; un poco el PRI nació para desmilitarizar porque ese es su origen y es el único país de América Latina que no había recurrido eso, comentó Llerenas.
Y puntualizó: el PRI fue un régimen autoritario no militar en el mundo y eso no debe ser, y hubo un tiempo de represión, pero no había una militarización de las instituciones, los militares nunca se han encargado de la seguridad.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Guadalupe Acosta Naranjo, se pronunció porque el Ejército se retire de manera paulatina de las calles a los cuarteles, y las fuerzas armadas están actuando en un marco legal que no le da la ley y es por orden presidencial.
La Ley de Seguridad Interior, apunta, requiere de un debate responsables porque es un tema delicado tanto la iniciativa del senador Roberto Gil y del diputado César Camacho deben analizar muy serio con especialista y tratarlo con mucho cuidado, de entrada tenemos que hacer un ejercicio, un plan para ir retirando al Ejército de manera paulatina de las calles, de una manera gradual.
Señaló que la estrategia de seguridad ha fracasado, pues después de diez años , ni los cárteles están más débiles ni las policías están más fuertes ni son más eficientes ni henos podido reducir el consumo de las drogas y es evidente que la estrategia no ha funcionado.
Se reconoce que la lucha contra las drogas no da los resultados deseados y con las cifras de cuántos muertos hemos tenido y no se ha reducido el tráfico de drogas y se gastan más 100 mil millones de pesos anuales en la lucha y en éstos últimos 10 años no se ah reducido la incidencia del crimen organizado, sino se ha multiplicado.
Por eso, propone la formación de policías profesionales, certificadas, incorruptibles que sustituyan la labor del Ejército que ha estado haciendo sino en el marco constitucional adecuado, pues ellos no son los encargados y entraron de manera solidaria ante una crisis en seguridad del Estado de México, pero con la propuesta que hacen ya no habrá un retiro de ellos, sino dejarlos permanentemente y eso no es correcto.
Acosta Naranjo rechazó que se quiera utilizar al ejército para reprimir a la población.
“Eso no ha sucedido, en el 68 utilizaron al Ejército para hacer una masacre contra estudiantes no ocupan la ley, fue una decisión política, en donde el sistema político era cerrado, dudo, no creo que el Ejército se preste irse en contra de los civiles, no debe de ser, pero además no lo creo”.
Rememoró el 2006 con las grandes luchas del desafuero. “Tenemos un Ejército que no es el de Kuwait, de Argentina, y nos conviene tener el Ejército desligado de acciones políticas, y se mantenga como un Ejército leal y fiel al presidente de la República y a las instituciones”.
Difirió que el Ejército se vaya a quedar permanente en las calles y se quiera normar una actuación que fue emergente y hay que regresar al Ejército a sus cuarteles y no hay que confrontar a civiles con Ejército porque eso no sirve a nadie.
Indicó que no se han formado las policías de la actuación que Ejército hace, en dónde quedó la Gendarmería, no hubo tal, no se ha construido la estrategia que permita retirar el Ejército de zonas de Michoacán, en este momento que si se orden su retiro, quienes van a controlar van a ser los narcos; su retiró tiene que ser paulatino.
Jorge Ramos Hernández PAN presidente de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro, se manifestó en contra de la militarización de la seguridad pública en el país. Pero, dijo estar a favor de regular la intervención del Ejército de la seguridad interior.
“Hay ocasiones en las que está en riesgo la vida institucional del país como ocurre cuando hay alcaldes que están involucrados o autoridades de seguridad pública que están involucrados con el crimen organizado y cooperan con ellos y se pierde el Estado de Derecho en algunas partes del país.
“Si hay una regulación que pueda determinar aspectos fundamentales para utilizar las fuerzas bélicas del país para realizar este trabajo, una como qué autoridad está participando, segunda cuál es la temporalidad con la que van a intervenir en algún municipio o estado que no debe de considerarse como definitiva como lamentablemente ocurre en Tamaulipas con la comodidad de los municipios y del estado y con qué estado de fuerza y en qué territorio en particular van a intervenir”.
Recordó que esas iniciativas las presentó hace un año, y versa sobre eso que se debe regular con un marco jurídico adecuado para que despliegue todo el estado de fuerza.
Dijo que está muy frágil el marco legal con el que actúan las fuerzas armadas; propongo que se aclare por el bien de todas las partes, primero saber cuáles son los límites de las fuerzas armadas y que nuestras fuerzas armadas tenga protección legal y no estén en tribunales penales y que estén dando explicaciones de derechos humanos, creo que por omisión de las policías civiles, el Ejército y la Marina están haciendo una intervención muy valiosa para el país pero hay que regularizar su actuar.
Sugirió aportar un marco legal que límite, incluyendo las fuerzas federales, para proteger los derechos de los ciudadanos, pero al mismo tiempo hay que liberar a las fuerzas armadas para poder dar al país la protección institucional.
>Justificó la acción de las fuerzas armadas en Guerrero, porque el crimen organizado ha tenido un control y una superioridad sobre las instituciones constituidas, y se necesita su internveción, pero no en todo el país, aclaró.
Admitió que se colapsó el sistema de seguridad y confianza ciudadana, cuando tú tiene un nivel de impunidad, cuando ves que ni las fuerzas federales ni las fuerzas armadas pueden detener la violencia en Tamaulipas y varios estados, es necesario reformar el sistema.
