Busca legislativo promover una mejor política de movilidad urbana sustentable

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Cámara de Diputados
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La movilidad urbana ocupa un papel central en la sociedad ya que permite la comunicación, la actividad económica e integra espacios y actividades constituyéndose en una necesidad de todas las personas para poder acceder a los bienes y servicios básicos que posibilitan una vida digna.

En reunión de trabajo los diputados integrantes de la comisión acordaron llevar a cabo la jornada por la movilidad rumbo al “Foro Mundial de la Bicicleta”, cuya sede será México, a partir del 17 de abril de este año.

Su objetivo central es propiciar una agenda a favor de la bicicleta, y recordaron que en este 2017, se celebran 200 años de la invención de este vehículo.

En la reunión, el diputado Martínez García presentó las “Propuestas normativas para un mejor gasto público en movilidad urbana”, en la cual se debe buscar un elemento que ayude a trazar una ruta crítica para promover la política de movilidad urbana sustentable.

En noviembre del año pasado, recordó, se publicó la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que establece en el artículo 72 que la Federación, los municipios, y los estados, tienen que promover el tránsito a la movilidad a través de la congruencia y eficacia. Esto significa que los presupuestos públicos y la normatividad asociada, tienen que estar adecuados a los principios que se promueven.

Comentó que se debe modificar la Ley de Ingresos para incrementar los recursos y justificar la ampliación del Programa de Impulso a la Movilidad Urbana, o establecer una cuota adicional a las bebidas azucaradas o a la cerveza. Esto permitiría reunir 200 millones de pesos que podrían ser destinados a la movilidad y creación de espacios públicos.

En términos de legislación, una propuesta sería actualizar el marco normativo en materia de seguridad vial, para promover la movilidad activa a través de mejores calles, señaló.

Manifestó que se podrían establecer programas y fondos de prevención de la violencia en los espacios públicos, y reducir externalidades sociales y ambientales.