El extinto Juan Gabriel, alías Alberto Aguilera Valadez, dejó casi 100 millones de pesos de deudas a sus herederos en varios juicios laborarles en su contra iniciados por 18 de sus empleados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCADF), cuyos pleitos el ahora desparecido se negó a resolver reiteradamente desde hace más de tres lustros.
Las defensas de los trabajadores aseguran que los asuntos siguen vivos y continúan con sus recursos legales para que ahora los herederos de Juanga les paguen las indemnizaciones que les corresponden por ley. Dicen que es cosa de tiempo para que sean liquidados y seguirán su lucha legal hasta conseguir su objetivo.
Y es que el cantautor se aferró junto con la mala asesoría de sus defensas alargar los juicios (con una tercería para impedir embargo, en donde estuvo involucrada su entonces ex representante artística Silvia Urquidi, o de plano no reconocer a sus empleados) laborales con lo cual crecieron las indemnizaciones a favor de los trabajadores.
De acuerdo a información proporcionada a Vorágine, siguen vivos en la JLCADF los juicios en contra el desaparecido Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel o Producciones Juan Gabriel SA de CV y otros, que a continuación se enlistan:
Carlos Alberto Ríos Ravizolly y otros ocho trabajadores en el expediente 1249/2001; Laura Barbosa Navarro y otros con el expediente 430/2008; Julio César Galguera Canseco con expediente 814/2008; Jorge Salazar González con expediente 1137/2008; Arturo Barbosa Navarro en el expediente 2226/2008, y Luis Manuel Portillo Lagner con expediente 653/2008.
La defensa de Ríos Ravizolly y los otros ochos trabajadores informó que la última estimación de las autoridades laborales capitalinas del pasivo laboral de sus clientes fue 52 millones de pesos, ya que, explicó, hay laudo a favor de sus representados y lo único que falta es que los representantes de Juan Gabriel paguen sus indemnizaciones.
Los quejosos iniciaron una demanda laboral con número de expediente 1249/01 en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del entonces DF desde el año 2001, por despido injustificado y reinstalación en su centro de trabajo. A esto último el Divo se negó y siguen corriendo los días a favor de los trabajadores.
De acuerdo al documento fechado el 14 de enero de 2016, en poder de este medio, la defensa de los trabajadores pidió la actualización del auto de ejecución del 18 de octubre de 2010 (hasta esa fecha era un monto para liquidar a cada uno de los empleados por la condena y salarios caídos), por lo que han transcurrido 1910 días hasta el día 14 de enero pasado.
Por lo anterior, al empleado Ríos Ravizolly “con un salario diario de 1,145.95, le corresponde la cantidad 2’188,764.50 más la cantidad que resulta del auto de ejecución $4’275,965.50 (esta última cantidad que corresponde de sumar la condena señalada en el laudo más los salarios caídos, hasta el día en que se dicto el auto de ejecución); y sumadas dichas cantidades nos dan la cantidad $6´464,730.00…”.
En la actualización del auto de ejecución del trabajador Leopoldo Sahagún Reynoso con un salario 1,161.15 le corresponde la cantidad “de 2’217,800.50 más la cantidad que resulta del auto de ejecución $4’310,482.30 (esta última cantidad que corresponde de sumar la condena señalada en el laudo más los salarios caídos, hasta el día en que se dicto el auto de ejecución); y que sumadas dichas cantidades nos dan la cantidad de $6’528,282.80…”.
La actualización de las liquidaciones del resto de los empleados que demandaron a Juan Gabriel oscilan entre 10 y 5 millones de pesos hasta suman 52 millones de pesos, pero Aguilera Valadez ni suda ni se acongoja.
Otros nueve trabajadores, músicos y personal operativo, entre ellos Salazar González, han reclamado 33 millones de pesos por sus indemnizaciones y la suma continúa creciendo por la falta de arreglo entre las partes. Los empleados demandaron al desaparecido divo de Juárez por despido injustificado y a la fecha los asuntos siguen vivos en la JLCADF.
