Tildó como un intento de distraer a la opinión pública la afirmación del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, según la cual serán dentro de al menos siete años y con otra administración federal y capitalina cuando se decidirá el uso de las 740 hectáreas, puesto que esa dependencia incluso ya compró un estudio ad hoc para justificar la especulación que pretende.
Se trata del “Estudio para Determinar el Uso Futuro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y sus Beneficios Sociales y Económicos” hecho por la empresa Ingeniería IDOM, un consorcio español con intereses en energía, infraestructura, arquitectura y asesoría, y de cuyo contenido la dependencia se resiste a informar incluso a los legisladores.
Sin embargo –puntualizó Hernández Soriano-, investigaciones periodísticas divulgaron parte de su contenido y revelaron que, de las tres opciones posibles, Ingeniería IDOM descartó el de construir un parque urbano –apoyado por 84 por ciento de capitalinos y mexiquenses- con opciones de entretenimiento y cultura, y el de construir ahí una “Ciudad del Conocimiento”, con universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico, y servicios de salud.
“Pero la opción preferida o recomendada por la consultora española y aceptada por el gobierno federal fue la de destinar 30 por ciento del terreno a viviendas residenciales –no populares-, 20 a áreas verdes y 10 a actividades culturales y científicas. El destino del otro 50 por ciento se desconoce”, apuntó el legislador.
Destacó que, cuando la investigadora Lucía Irabien solicitó conocer el estudio, la SCT clasificó partes sustanciales como “reservadas”, arguyendo para esto la “protección de intereses comerciales de particulares”.
“Si la decisión será dentro de siete años o el 20 de octubre de 2020 –como lo dijo el presidente Enrique Peña inicialmente-, ¿cuáles son los intereses comerciales que se quieren proteger hoy”, cuestionó el diputado, para quien los recientes dichos de Ruiz Esparza sobre una “decisión futura” y la compra del mencionado estudio no son más que un intento de “madruguete” para usufructuar las 740 hectáreas y un evidente desmentido al presidente de la República.
Por ello, de la información entregada a la periodista se borraron datos fundamentales como la metodología usada, el costo del proyecto que el gobierno federal pretende y el destino que se busca darle al 50 por ciento del predio, que al amparo de la opacidad es claramente para la especulación.
“El gobierno federal bien sabe que, de las tres opciones, la suya es la más rechazada por la ciudadanía, pues así lo revelan los sondeos que le compró a la misma empresa, sondeos en los que capitalinos y mexiquenses se inclinan, en ese mismo orden, por la primera y la segunda opciones, es decir, por el parque o por la Ciudad del Conocimiento”, señaló Hernández Soriano.
Denunció que, con su postura expuesta a través de Ruiz Esparza, el gobierno federal no sólo desoye la opinión ciudadana sino también las necesidades de millones de vecinos de ambas entidades que requieren de múltiples servicios que les podrían proporcionar las 740 hectáreas, entre ellos los de suministro en agua, limpieza del aire, cultura, deporte, salud y educación.
Además –añadió- desatiende y violenta por ello la Constitución y la Ley General de Asentamientos Humanos, de las que se desprende que el estatus jurídico del predio en cuestión no será otro que el de formar parte de la reserva territorial de la ciudad una vez que deje de ser aeropuerto, uso para el cual se le dio en administración al gobierno federal.
Por lo demás –recordó-, el gobierno es eso: administrador de bienes nacionales, no dueño, por lo que exigió a dicho administrador que consulte a la ciudadanía sobre el destino de un bien que le pertenece.
