Resaltó que alrededor de 15 mil jóvenes mexicanos son detenidos cada año por la patrulla fronteriza mientras intentan cruzar la frontera; 60 por ciento de ellos señala que la violencia fue la razón por la que salieron de México; además, menos de un 5 por ciento tiene la oportunidad de que su caso sea evaluado ante un juez migratorio.
Por ello, dijo, es necesario promover una política eficaz con el gobierno norteamericano, la cual permita a los menores migrantes el respeto a sus derechos humanos de igualdad y acceso a la justicia ante las autoridades migratorias de ese país.
El legislador refirió que datos de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, señalan que hasta mayo del 2014 las autoridades migratorias detuvieron a 47 mil menores de edad, cifra que supera el total de detenciones hechas en el 2013, que fue de aproximadamente 38 mil 833.
Detalló que gran parte de estas detenciones ocurrió en Río Grande, en el estado de Texas, dónde se registra el 71 por ciento de los casos, representando un aumento del 168 por ciento, en comparación con el año pasado; tres de cada cuatro menores sin acompañante son originarios de Centroamérica, precisó.
El legislador indicó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración cada año alrededor de 40 mil niños y niñas que migran a Estados Unidos son repatriados, de los cuales 18 mil viajan solos.
Explicó que existen múltiples causas por las que estos infantes viajan solos como el deseo de reunirse con sus familiares, el anhelo de mejorar su nivel de vida o por la esperanza de escapar de la violencia familiar o social que viven en su país de origen.
Fujiwara Montelongo subrayó que la situación a la que se enfrentan los menores que son detenidos para repatriarlos, se suma la existencia de autoridades migratorias en ambos lados de la frontera norte del país que los persiguen, maltratan, discriminan, segregan e inclusive les dan un manejo inadecuado.
Destacó que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), organización humanitaria internacional, denunció que han existido flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los menores migrantes mexicanos no acompañados al ser deportados, sin que medie un juicio previo y que su caso sea evaluado ante un juez migratorio.
Esto, dijo, resulta aún más grave al ser discriminatorio respecto de otros menores de distinta nacionalidad, como los centroamericanos, quienes reciben un trato distinto por el simple hecho de no compartir frontera con Estados Unidos.
Estimó que el problema persiste debido a una legislación violatoria de los derechos humanos, puesto que no da un trato igualitario a todos los menores no acompañados que son detenidos por las autoridades migratorias, al discriminar a los mexicanos.
Asimismo, son excluidos de las políticas migratorias de Estados Unidos, cuyo gobierno ya anunció que aumentaría a cuatro mil los visados de refugiados que emite anualmente para latinoamericanos; sin embargo, no incluye a las niñas y niños menores mexicanos.
Por ello, el diputado Fujiwara enfatizó que el Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar, respetar y proteger los derechos humanos sin importar la situación migratoria. “Los menores deben ser tratados sin discriminación alguna y con el debido proceso legal, anteponiendo sobre todas las cosas, el interés superior de la niñez”, puntualizó.
