Al deslindarse de los “hechos de vandalismo” ocurridos este sábado en el Distrito Federal, la Sección 22 del SNTE acusó la infiltración de “gente para provocar y desestabilizar” mitin pacífico que se realizaba en la capital del país.
Desde la ciudad de Durango, donde participa en una Asamblea de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el líder de la seccional, Rubén Núñez Ginez, subrayó que la Sección 22 y las organizaciones que se manifestaban este sábado en la capital del país lo hacían de manera pacífica.
“Nos deslindamos de los hechos de vandalismo ocurridos el día de ayer, porque de manera amañada infiltraron gente para provocar y desestabilizar nuestro mitin pacífico”, insistió en varias ocasiones.
Dijo que la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) manifiesta su apoyo “a los compañeros detenidos y exigimos su liberación inmediata”.
Advirtió que el gremio continuará su trabajo en defensa de la educación pública, “en contra del examen universal, en contra de la ACE (Alianza por la Calidad Educativa) sustentando nuestra lucha en los derechos elementales asentados en nuestra Constitución Política”.
La Procuraduría General de Justicia capitalina este lunes resolverá la situación jurídica de las 106 personas mayores de edad detenidas por los disturbios ocurridos este sábado en el primer cuadro de la cuidad. El búnker de la dependencia se encuentra cerrado por granaderos de la SSP-DF en los cruces de doctor Río de la Loza y Gabriel Hernández y por la parte trasera en doctor Vértiz, debido a la presencia de 100 familiares de los detenidos.
Los parientes de los capturados denunciaron a la Procuraduría del DF de actuar de manera irregular al asentar, en las averiguaciones previas, diferentes direcciones a donde ocurrieron los hechos en una buena parte de los casos de los detenidos.
Explicaron que todos fueron acusados por el delito de ataques a la paz pública en pandilla, el cual puede alcanzar una pena de cinco hasta 30 años de prisión.
Abogados de organizaciones sociales que representan a la mayoría de los inculpados solicitaron a los familiares cartas de recomendación del lugar en el que trabajan, credenciales escolares y referencias, ya que “aquellos quienes no cuenten con esos documentos tendrá una situación jurídica más complicada”.
